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El Tribunal Constitucional anula la declaración soberanista catalana

  • 13957874009659El TC anula por unanimidad el punto clave de la declaración soberanista

  • Cataluña no es soberana, pero el ‘derecho a decidir’ es válido por cauces legales

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La Infanta Cristina debería ya renunciar a sus derechos

Infanta-Cristina(3)EN  MITAD de una gran expectación nacional e internacional -396 periodistas acreditados de todas las partes del mundo lo atestiguan-, la Infanta Cristina declaró ayer durante más de seis horas ante el juez Castro por delito fiscal y de blanqueo de dinero. El interés que despertó esta comparecencia está plenamente justificado, ya que no existen precedentes de que un miembro de la Casa Real se vea obligado a rendir cuentas en un juzgado. Aunque una de las frases más repetidas en torno al caso Nóos es que la Justicia es igual para todos -la dijo incluso el Rey en un discurso de Nochebuena-, lo cierto es que su declaración estuvo rodeada de circunstancias extraordinarias.

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Un plus de codicia llevó a la Infanta Cristina a «defraudar reiteradamente a Hacienda».

13891665956721El juez José Castro desmenuza en su auto de 227 páginas, el más motivado de nuestra Historia reciente, la participación de la hija del Rey en la trama vinculada al Instituto Nóos. El magistrado sitúa aCristina de Borbón en el epicentro de un complejo «sistema» encaminado a «defraudar reiteradamente» a Hacienda impulsada por «un plus de codicia» y detalla cómo blanqueó los fondos públicos recaudados por el instituto «sin ánimo de lucro» que presidía su marido.

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Cien preguntas para la Infanta Cristina

  • 13912580975095El cuestionario del juez Castro cuestionario basado en su auto de 227 folios

  • ¿Firmaba sin leer lo que le decía su marido? ¿Contrató empleados sin papeles?.

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El TS obliga al Govern a utilizar el castellano como lengua vehicular

fotoconsell_presidentEl Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra uno de los autos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emitidos hace más de un año en los que se acordaba «requerir a la Conselleria d’Ensenyament para que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte a los hijos del recurrente, a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán». El tribunal también impone a la administración catalana el coste del recurso.

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