JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ «¿Quiénes serán los siguientes en sufrir escraches? ¿Los jueces? ¿Los periodistas?»

Pregunta.- ¿Qué le parece el comunicado de ETA donde advierte de que su salida de Oslo sin negociar con el Gobierno tendrá «consecuencias negativas»?
Respuesta.- El único comunicado que nos interesa de ETA es el de su disolución. Este Gobierno ni ha negociado ni negociará nada con ETA. No ha habido ninguna vía de comunicación con los terroristas.
P.- ¿Pero el Gobierno teme que pueda volver a atentar?
R.- ETA está derrotada policialmente y por el Estado de Derecho. La ETA que hemos conocido ya no va a volver y, como organización, no está en condiciones operativas de volver a atentar. Es evidente que nosotros no bajamos la guardia y prueba de ello son las 46 detenciones que se han producido desde el anuncio del cese de la violencia.
P.- ¿Hay alguna posibilidad de que ETA entregue las armas y se disuelva a corto plazo?
R.- Lo que nosotros exigimos de ETA es su disolución incondicional y, evidentemente, antes o después ETA asumirá que ha sido derrotada. Ahora mantiene en la clandestinidad una estructura muy diezmada, debilitada, de carácter básicamente logístico para tener comunicados entre sí a los escasos militantes que todavía están en libertad y controlar los zulos donde guardan las armas.
P.-¿Ustedes tienen localizados a Josu Ternera o a De Juana Chaos?
R.- Le puedo asegurar que todo etarra que tenga una orden de detención europea o internacional, una vez localizado, va a ser detenido y puesto a disposición judicial. Así será con Josu Ternera y con cualquier otro etarra.
P.- ¿Es tolerable que Venezuela siga siendo un paraíso etarra?
R.- La eficacia de determinadas políticas está en directa relación con la discreción de las acciones que desarrollan.
P.- ¿Y, si finalmente ETA se disolviera, ustedes cambiarían de política penitenciaria, por ejemplo, sobre la dispersión?
R.- Con ETA disuelta, es evidente que la legislación penitenciaria se puede aplicar de otra manera, pero siempre en el marco de la ley. La política de dispersión ha sido fundamental en la lucha antiterrorista y, si ETA se disuelve o, sin disolverse, algún miembro de ella se desvincula pública y claramente de la banda esa política de dispersión se puede reconsiderar. Insisto, siempre vamos a actuar dentro de la ley.
P.- ¿Y el Estado debería ser generoso incluso con quienes tienen las manos manchadas de sangre?
R.- No se puede hablar de generosidad, sino de justicia y de cumplimiento de la ley. Los terroristas han de cumplir sus condenas. Ni el Estado ni el Gobierno ni la sociedad española tienen que dar gracias a una organización terrorista por que deje de matar. Ni hay ni habrá ningún borrón y cuenta nueva para quienes tienen crímenes a sus espaldas.
P.- ¿Con Bolinaga también se aplicó la ley? Ahí sigue.
R.- Aunque resulta duro hablar en estos términos, el periodo de tiempo transcurrido desde que obtuvo la libertad condicional entra dentro de lo que la ley prevé y los médicos establecieron. Al recluso Bolinaga le dieron como esperanza media de supervivencia el 50% a los nueve meses y el 10% a los 12 meses. No se han cumplido esos periodos. Con Bolinaga se aplicó la ley aunque a todos nos repugnara profundamente su aplicación.
P.- ¿Es verdad que ustedes tienen bloqueada la vía Nanclares y que se están negando también terceros grados, como se ha hecho con Recarte, Pikabea o Bores?
R.- No hay cambio de política. Seguimos aplicando la ley, lo hicimos con Bolinaga y lo hacemos con otros internos acogidos a lo que fue la vía Nanclares y que en la actualidad es el programa de reinserción en el marco de la ley. Dada la gravedad de los delitos que cometieron estas personas y las elevadas penas, conviene recordar que el programa de reinserción es gradual y por ello las decisiones que se adoptan deben ir acompasadas a la evolución del interno.
P.- ¿Qué pasa si finalmente el Tribunal de Derechos Humanos tumba la doctrina Parot?
R.- Estoy esperanzado en que finalmente la decisión que tome la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo estime el recurso de España. La doctrina Parot fue establecida en nuestro país por el Tribunal Supremo y ratificada por el Constitucional. Aquí no ha habido ninguna aplicación retroactiva de la ley más desfavorable. Hay razones jurídicas más que suficientes para que nuestros argumentos sean considerados. Dicho esto, el Gobierno acatará la decisión que se adopte y que han de ejecutar los tribunales españoles.
P.- Pues de derogarse, 54 peligrosos etarras podrían ser excarcelados y también delincuentes como el asesino de las niñas de Alcácer.
R.- Es evidente que a nadie le cabe en la cabeza que pueda tener el mismo tratamiento penal y penitenciario un asesinato que 123. Aquí no se ha modificado ninguna condena, no se ha revisado ninguna sentencia, no ha habido vacío jurídico legal, no se ha modificado nada salvo la manera de establecer el cómputo del cumplimiento de la condena. Es sorprendente que lo que reivindican los defensores de los etarras sea que se les aplique el Código Penal franquista en lugar del Código Penal de la democracia.
P.- ¿A qué se refiere?
R.- Pues a que el Código Penal franquista contemplaba la pena de muerte y la cadena perpetua y no hace falta tener mucha imaginación para saber qué hubiera pasado con estos etarras con ese Código.
P.- Para mayor escarnio, los etarras deberían ser indemnizados.
R.- Lo que sí sería una ofensa para la sociedad española es que se considere que a una etarra que ha sido condenada por participar en 23 asesinatos, cumplir menos de un año de condena por cada uno de ellos sea una violación del convenio de Derechos Humanos y además tenga que ser indemnizada con 30.000 euros. Resulta ofensivo que estos etarras sanguinarios apelen ahora al respeto a los Derechos Humanos.
P.- A usted le ha caído de todo por decir que siempre queda la baza de la ingeniería jurídica. ¿Eso es hacer trampas?
R.- Yo soy ingeniero y, cuando hablo de ingeniería jurídica, hablo de técnica jurídica, que corresponde desarrollar a los tribunales que son los que en su caso deberían interpretar y aplicar el alcance de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
P.- Cambiando de asunto, ¿qué le parece la campaña de acoso a los políticos del PP de la que usted también ha sido objeto?
R.-El llamado escrache es radicalmente antidemocrático. El fondo de la protesta pretende coaccionar el voto de los diputados. Se trata de una causa noble muy mal defendida. El fin jamás justifica los medios. Si las decisiones de los diputados no gustan, hay procedimientos para cambiar las mayorías en una democracia, que son las elecciones. Utilizar esta forma de coacción es burlar los procedimientos democráticos. Después de los diputados, ¿quiénes serán los siguientes en ser acosados? ¿Los jueces, que pueden dictar sentencias que no gustan? ¿O los periodistas cuando vierten opiniones que no son del agrado de algunos?
P.- Para González Pons se están marcando los domicilios como los nazis hicieron con los judíos.
R.- Lo que le hicieron al diputado González Pons es indigno y recuerda a prácticas para olvidar. A mí me preocupa y son muy lamentables determinados silencios cómplices en estos momentos. Hoy son los diputados del PP los acosados, pero mañana serán los de otros partidos o, como he dicho antes, otros colectivos. ¿También callarán o se quejarÁn entonces?
P.- ¿Qué ordenes ha dado desde su Ministerio a las fuerzas de seguridad para evitarlo?
R.-No vamos a permitir que se produzcan estas situaciones. Lo que se ha hecho es recordar a la Policía la exigencia del cumplimiento de dos leyes orgánicas plenamente vigentes: la reguladora del derecho de reunión y la de protección de la seguridad ciudadana. Ambas leyes determinan que deben ser comunicadas a la autoridad gubernativa las reuniones en lugares públicos y, si no se hace así, constituye una infracción administrativa. Es evidente que, para poder sancionar a una persona que incumple las leyes, debe ser identificada.
P.- Pues el SUP no quiere actuar en los escraches. Dice que es una barbaridad identificar sin que exista infracción. ¿Qué hará al respecto?
R.- Como acabo de explicar, la Policía se mueve en el marco de la ley exigiendo su cumplimiento y, como no puede ser de otra manera, va a actuar y va a hacer cumplir la ley.
P.- ¿Usted apoya a Cristina Cifuentes, que ha dicho que Ada Colau tiene inquietudes de apoyo a filoetarras?
R.- Cristina Cifuentes tiene todo mi afecto y apoyo.
P.- Pues Ada Colau estudia acciones legales contra ustedes.
R.- Éste es el mundo al revés. Habría que ver qué opinaría esta señora y los que la apoyan si padecieran las mismas prácticas que ellos llevan a cabo.
P.- ¿Cómo van las investigaciones sobre el espionaje de Método 3?
R.- El Ministerio del Interior cumplió con su deber. Fueron detenidos el director de esa agencia y tres personas más y solicitadas de la autoridad judicial seis órdenes de entrada y registro en domicilios y despachos. Ahora todo está bajo el secreto del sumario y bajo la dirección de la autoridad judicial.
P.- ¿Tiene el convencimiento de que fue el PSC quien ordenó investigar a Alicia Sánchez-Camacho?
R.- Por razones obvias no debo hablar mientras esté decretado el secreto del sumario. La Policía ha realizado su trabajo muy bien. Confiemos en que la investigación dé los frutos deseados para que se aclare todo lo sucedido y jamás vuelva a reproducirse un caso tan lamentable como éste.
P.- ¿Han identificado al autor del borrador de la Udef que publicó EL MUNDO, en el que se vincula a Mas y Pujol con el cobro de comisiones?
R.- En la Comisión de Interior del Congreso ya informé exhaustivamente de ello y todo lo que hemos dicho no desautoriza lo que se ha publicado. No se ha podido acreditar quién lo realizó, pero muchas de esas informaciones publicadas por EL MUNDO formaban parte de investigaciones en curso o judicializadas. Me remito a lo dicho.
P.- ¿La imputación de Ángel Sanchis en el caso Bárcenas apunta cada vez más a la financiación ilegal del PP?
R.- De lo que se trata en el caso de las fotocopias, como en cualquier otro caso, es de que se haga justicia.
P.- Que sea Ruz y no Gómez Bermúdez quien lleve el caso, ¿es un alivio para ustedes?
R.- Ni los políticos debemos opinar sobre los jueces ni los jueces sobre los políticos. Una vez que la Sala de lo Penal se ha pronunciado, sólo hay que desear que se haga justicia lo más rápidamente posible porque la Justicia, si no es rápida, no es Justicia.
P.- ¿Van a abrir expediente contra el comisario Telesforo Rubio y se plantean retirarle el arma tras saberse que ha espiado a su espiado?
R.- He pedido a la Policía que me informe de este caso y, si los hechos que se han denunciado son ciertos, se actuará como está previsto en la normativa disciplinaria del Cuerpo.
P.- ¡Menuda ha liado usted con el asunto de los homosexuales! Los colectivos le llaman fanático y le piden que dimita.
R.- Mi opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo es conocida. No estoy hablando de las personas homosexuales, que merecen todo mi respeto, como es evidente, sino de la institución del matrimonio. Acatar la ley como la acato es compatible con mi libertad de expresión y mi libertad de conciencia. Soy coherente con lo que pienso y defendí públicamente y en el Congreso de los Diputados durante el debate de la ley.
P.- Por último, dígame, ¿está preocupado por el desgaste que el caso Urdangarin está provocando a la Corona y al Rey?
R.- Su Majestad el Rey ha ejercido desde 1975 de manera ejemplar sus responsabilidades como Jefe del Estado y sólo desde la irresponsabilidad podemos cuestionar el servicio que ha prestado y presta a España. La Monarquía es la institución que mejor preserva y vela por la unidad y continuidad de España y por una pacífica y democrática convivencia de todos los españoles.