La pena más alta solicitada es para el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy ante el juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional el escrito de acusación correspondiente a la pieza separada de las tarjetas Black, en el que pide penas de entre uno y seis años para los 66 acusados.
La Fiscalía acusa a diversos consejeros y directivos de la entidad del delito de de apropiación indebida por el uso continuado de las tarjetas de crédito para gastos de libre disposición.
La pena más alta solicitada es para el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que se enfrenta a seis años de prisión y una indemnización de 9.344.808 euros, cantidad dispuesta entre enero de 2003 y enero de 2010 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó.
Para el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato, el fiscal solicita 4 años y seis meses y una indemnización de 2.694.850 euros por las cantidades dispuestas entre febrero de 2010 y mayo de 2012 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó.
La Fiscalía aplica la atenuante de reparación del daño a once usuarios de las tarjetas.
El fiscal explica en su escrito que fue Blesa, bajo su presidencia, quien autorizó la entrega a los miembros del Consejo de Administración, la Comisión de Control y a determinados altos directivos unas tarjetas de crédito, cuya cuantía él establecía, para gastos de libre disposición, entre ellos, los personales. De tal forma que se convirtieron en «una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal».
Blesa encomendó la gestión de las tarjetas a su mano derecha en la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien se encargó de dar las instrucciones necesarias para la puesta en marcha del sistema. En su caso, la petición fiscal es de dos años de cárcel y multa de siete meses con cuota diaria de 300 euros .
Según el fiscal, Caja Madrid «nunca practicó la retención fiscal» que correspondía a las retribuciones que el uso de las tarjetas suponía. Y la opacidad del sistema «se completó al establecerse» que los beneficiarios no debían justificar documentalmente sus gastos. Así, unas tarjetas nacidas en los consejos de Administración de 1988 y 1995 para gastos de representación se convirtieron bajo el mandato de Blesa en una retribución opaca al Fisco, con el consiguiente que ello suponía para la entidad.
Con Rato al frente de Caja Madrid la situación se mantuvo, y cuando se constituyó Bankia, decidió que los consejeros ejecutivos y directores generales procedentes de la primera entidad conservaran sus tarjetas. También se le ofreció a Francisco Verdú, pero éste la rechazó. El ex vicepresidente del Gobierno trasladó esta práctica a las otras seis cajas que formaron el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), único accionista de Bankia. Las tarjetas se cancelaron en mayo de 2012, ya bajo la presidencia de Ignacio Goirigolzarri.
El fiscal cifra en un total de 12.039.659 euros el importe facturado por la entidad por este concepto desde 2003 a 2012: bajo la presidencia de Blesa el gasto realizado asciende a 9.344.808 euros y con Rato, a 2.449.622. Justo esas son las cantidades que Anticorrupción solicita que paguen en concepto de indemnización.
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