Gobierno C-LM pone en manos de sus servicios jurídicos los «detalles oscuros» que rodean el caso Giba Cars

El Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha confirmado su portavoz, Nacho Hernando, ha puesto en manos de sus servicios jurídicos el caso Giba Cars, empresa que tenía previsto implantarse en Almansa (Albacete), con el objetivo de que esclarezcan «todos los detalles oscuros» que rodean a este «fenómeno», como lo ha calificado.

EUROPA PRESS. 22.01.2016 El Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha confirmado su portavoz, Nacho Hernando, ha puesto en manos de sus servicios jurídicos el caso Giba Cars, empresa que tenía previsto implantarse en Almansa (Albacete), con el objetivo de que esclarezcan «todos los detalles oscuros» que rodean a este «fenómeno», como lo ha calificado. Hernando ha reaccionado de esta manera al ser preguntado en Fitur por las declaraciones del director general de la filial que la marca suiza tiene en Cataluña, Joaquim Boadas de Quintana, al periódico Diari de Girona aseverando que «Almansa está descartada», de las que se ha hecho eco la Tribuna de Albacete.

Hernando ha manifestado que la intención de la Junta es que sus servicios jurídicos puedan estudiar de forma «rigurosa y seria» si se ha podido en algún momento realizar «algún caso de estafa o fraude político» contra la Administración regional, tanto por parte de la empresa como por parte del Ayuntamiento de Almansa. «Hay que esclarecer el por qué, los cómos y los cuándos de todo este caso que en realidad lo que ha supuesto es una recogida de 2.000 currículos justo antes de las elecciones», ha puesto de relieve el portavoz.

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal en marzo de 2015 solicitó por escrito unos documentos a la empresa Giba, que, según ha explicado, son los mismos documentos que le ha pedido la Administración regional y que a día de hoy el Gobierno regional no tiene en sus manos. «Cuando queremos enviarle una carta a esta empresa por correo certificado, curiosamente nos devuelven las cartas porque ni siquiera existe el domicilio donde está registrada la empresa», ha condenado.