Detenido el ex presidente del PPCV, Alfonso Rus, por corrupción y blanqueo

La Guardia Civil mantiene detenido en su casa al ex alcalde de Xàtiva con el fiscal Anticorrupción y agentes de la UCO

Se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones y blanqueo de capitales

¿Quiénes son los detenidos?

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Guardia Civil están llevando a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos -incluido el de Valencia-, la Generalitat y la Diputación de Valencia. Hasta el momento se han producido 24 detenciones y 29 investigados, además de registros que se han practicando de forma simultánea por toda la Comunidad.

Entre los detenidos está el ex presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputación, Alfonso Rus, así como algunos de sus más cercanos colaboradores, como Emilio Llopis, ex jefe de gabinete y mano derecha de Rus en la corporación valenciana, y los ex vicepresidentes Juan José Medina y Máximo Caturla. Llopis y Medina aún era asesores de los populares en la Diputación y han sido destituidos horas después de su detención.

A última hora de la mañana se ha confirmado la detención de David Serra, ex diputado del PP procesado en Gurtel en la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Serra también fue grabado aceptando dinero procedente de una supuesta comisión.

Rus está detenido en su domicilio en compañía del Fiscal Anticorrupción y de agentes de la UCO. También hay agentes en una de sus empresas, una fábrica de muebles . Al también ex alcalde de Xàtiva se le considera el epicentro de la trama.

La UCO también ha entrado las oficinas del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, donde los trabajadores están retenidos en una sala mientras se produce el registro. Además, ha sido detenida su secretaria, Mari Carmen García Fuster y la ex concejal popular María José Alcón, esposa del vicealcalde Alfonso Grau, juzgado por el caso Nóos. El portavoz municipal, Alfonso Novo, el asesor Luis Salom y una secretaria están en la lista de imputados.

Otro de los lugares donde la Guardia Civil ha practicado registros es el campo deLa Murta, del Olimpic de Xàtiva, club de fútbol del que Rus fue presidente hasta el pasado mes de mayo. Uno de los ex presidentes, y vecino del ex alcalde, Antonio Camaño, ha sido citado a declarar.

En Valencia, desde primera hora hay agentes en la sede Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de colegios que fue dirigida durante años por Caturla. La Intervención de la Generalitat ha detectado sobrecostes por más de 1.000 millones. También se busca documentación en Engloba, una empresa de comunicación.

En la localidad de Benigànim también se ha personado la UCO para registrar la empresa de uno de los dueños de la sede del PP al que, según se investiga, Rus pudo ‘regar’ con un contrato de 32 millones.

La investigación apunta directamente a la gestión de la ex alcaldesa de ValenciaRita Barberá -en la actualidad senadora territorial- o al ex presidente de la Diputación y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, retirado de la política. También al ex conseller Gerardo Camps, en la actualidad diputado nacional del PP en el Congreso; o al ex diputado regional del PP, David Serra. Se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones, organizada y jerarquizada, que mordía de contratos públicos revistiendo de legalidad numerosas adjudicaciones millonarias.

Según la información de la que dispone EL MUNDO, el juzgado también investiga presunta financiación ilegal del PP en Valencia. Al parecer, esta red se habría camuflado entre las administraciones aprovechando que durante años el foco mediático estuvo en Gürtel. Pasó inadvertida. Se investiga, además, si dirigentes locales del PP de Valencia cometieron un presunto delito de blanqueo de capitales.

En los registros están participando, además de los agentes de la Guardia Civil, dos de los tres delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, los fiscales Pablo Ponce y Vicente Torres.

Según estas fuentes, no se descartan más detenciones en los próximas horas. Incluso algunos registros podrían durar hasta 48 horas. La operación la dirige el juzgado de Instrucción 18 de Valencia pero participan otros ocho juzgados más por la gravedad de los delitos que se investigan. Desde las nueve de la mañana nueve secretarios judiciales están desplegados por varios puntos de la Comunidad.

Todos los ex cargos públicos o empresarios arrestados están vinculados a la Generalitat, la Diputación o el Ayuntamiento de Valencia. Según esta información, algunos de los detenidos también están relacionados e investigados -término que sustituye al de imputado- en otras causas abiertas por corrupción.

La Fiscalía lleva desde julio de 2014 investigando estos hechos y la UCO se incorporó al caso en en noviembre de ese año. En abril de 2015 Anticorrupción elevó la denuncia a un juzgado y el magistrado Víctor Gómez, titular del juzgado número 18, asumió las pesquisas. En todo este tiempo los investigadores han contado con la colaboración de Marcos Benavent, el comisionista confeso y ex gerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación y uno de los puntos de partida de la trama.

Benavent ha aportado abundante documentación a la causa y ha confesado multitud de delitos a cambio de una reducción de su pena. En todo este momento ha estado aislado y en permanente contacto con la Guardia Civil. En total ha declarado más de 30 horas ante la Guardia Civil.

El origen

En el origen de la operación se encuentran las más de 10 horas de grabaciones que la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, entregó a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Los audios los registró durante años Marcos Benaventy en ellos aparecerían multitud de cargos públicos contando billetes que podrían proceder del pago de comisiones. Incluso en una de ellas se escucha con claridad a Alfonso Rus contando billetes junto a Benavent.

También aparecen ex diputados regionales como David Serra, procesado en Gürtel, o ex cargos de la Diputación como Máximo Caturla.

Se investiga el supuesto amaño de macrocontratos de la Diputación como el plan provincial de leds (32 millones), el de césped artificial -cuyo gran beneficiado fue el actual propietario de la sede central del PP en la Comunidad, en la calle Quart de Valencia- o contrataciones de Imelsa.

Los proyectos bajo sospecha en el Ayuntamiento de Valencia son el de la reforma de las Torres de Quart, la Mostra de Cine -uno de los contratistas era el sobrino de Barberá, Enrique Sospedra Barberá-, o la reforma del puente de Serranos. También la adjudicación del espacio cultural de La Rambleta.

En todos estos proyectos ha participado la ex concejal de Cultura, María José Alcón, investigada por otro juzgado por presuntos delitos fiscales.

Alcón estuvo casada con Vicente Burgos, ex gerente de la Fundación Jaume II El Just. Burgos fichó a Benavent y le abrieron las puertas del Ayuntamiento. La actual pareja de Alcón es Alfonso Grau, ex alcalde procesado en Nóos por los pagos a Iñaki Urdangarin.

Alcón es una de las claves del caso. En 2011 perdió su acta de concejal pero en la anterior legislatura ejerció de asesora de la ex alcaldesa de Valencia. Alcón ocupaba el número 16 de la lista del PP en las municipales para Valencia pero renunció a su puesto tras publicarse parte de las comprometidas grabaciones.