El PP blanqueaba mordidas para financiar sus campañas. Operación «Taula».

¿Son los políticos valencianos más corruptos?

Taula: el caso que lo explica todo

Libertad con cargos para García-Fuster pese a que el fiscal pidió prisión

Biel Alino. 27/01/2016 Valencia. Comunitat Valenciana. Corrupcion. Operacion Taula. Caso Imelsa. La secretaria del grupo municipal del PP, Maria del Carmen Garcia-Fuster, detenida en la «Operacion Taula», en la comandancia de la Guardia Civil, sale en un coche para declarar ante el juez.

La presunta financiación irregular del Partido Popular en Valencia que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la operación Taulaamenaza directamente a la ex alcaldesa y actual senadora Rita Barberá. A su gestión en el Ayuntamiento y en las cuentas de la agrupación local del PP que rastrean con detalle los investigadores. Testimonios recogidos por los investigadores y conocidos por EL MUNDO han dado detalles de un caso muy concreto que apunta a destacados miembros del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia que aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015

Semanas después, según esta información, la secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster -una de las detenidas el martes por orden del juez Víctor Gómez-, devolvió en metálico las donaciones con dinero que presuntamente procedía de lacaja ‘b’ del PP en el Ayuntamiento de Valencia. La Guardia Civil investiga si era una fórmula para blanquear el dinero procedente del pago de presuntas comisiones y devolver al circuito legal los fondos opacos que durante años habría acumulado en el Ayuntamiento el entorno más directo de Rita Barberá.

En las últimas 24 horas los investigadores han elevado la presión sobre los trabajadores, asesores y cargos públicos que han integrado el equipo de confianza de Barberá en los últimos años. Ayer no sólo declararon ante la UCO el asesor Luis Salom y el sucesor de Barberá, Alfonso Novo, ambos imputados. Según fuentes próximas al caso, por el cuartel de la Guardia Civil de Patraix (Valencia) pasaron ayer varios ex asesores, trabajadores municipales e incluso el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, uno de los acusados en el caso Nóos y actual marido de María José Alcón, ex concejal de Cultura que la madrugada del martes quedó en libertad con cargos bajo fianza de 150.000 euros. Al parecer, los agentes tendrían identificado el rastro que siguió el dinero, desde que los miembros del grupo municipal hicieron la donación de 1.000 euros hasta el momento en el que García Fuster, persona de la máxima confianza de Barberá, devolvió la donación con dinero cuyo origen se desconoce.

Según se deduce de los interrogatorios practicados ayer, en algunos casos se devolvió la donación con dos billetes de 500 euros metidos en el sobre -conocidos popularmente en España como billetes ‘Bin Laden’ porque suelen utilizarse fuera de la vista del público general-.

El juzgado de Instrucción 18 investiga una trama de corrupción, organizada y jerarquizada, con ramificaciones internacionales, que habría amañado multitud de contratos públicos revistiendo de legalidad adjudicaciones de la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Xátiva o de Valencia.

En el origen de este macroprocedimiento está la denuncia que presentó Esquerra Unida, en julio de 2014, en la que se incluyeron las 10 horas de grabaciones que durante años registró Marcos Benavent, el político corrupto arrepentido que ha confesado los delitos que ahora se investigan.

En esas conversaciones se escucha con claridad a los integrantes de la trama, sobre todo al ex concejal Alcón, hablando sobre la parte de la comisión que le correspondería al partido. Francisco Camps, ex jefe del Consell, y Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación y uno de los detenidos, estarían al corriente de todo, según estas cintas.

En el último año y medio la UCO ha seguido tirando del hilo e incluso se ha encontrado con nuevos indicios que apuntan a la existencia de una red dentro del PP para blanquear dinero de origen desconocido. Las donaciones con retorno del PP de Rita Barberá es uno de ellos.

Según esta información, el grupo municipal invitó a sus integrantes a realizar una donación de 1.000 euros para organizar actos políticos. Rita Barberá ganó aquellas elecciones pero no consiguió formar Gobierno y ni siquiera tomó posesión del acta.

En este caso concreto -los investigadores tratan de documentar si se trataba de algo sistemático- las entregas se registraron entre los meses de febrero y marzo de 2015; y García Fuster las devolvió en ‘b’ semanas después. Nadie sospechaba, nadie preguntaba. Al parecer, revelaciones de escándalos de corrupción como el de Gürtel no despertaron el temor entre los integrantes de la bautizada como Taula.

García Fuster fue detenida a primera hora del martes en la mayor redada contra la corrupción en la Comunidad. Tiene tan buena relación con Barberá que hasta el cuñado de ésta, José María Corbín, le asistió como abogado ayer. En sus manos, admiten fuentes del partido, estaban las cuentas del grupo popular, las mismas desde donde salía el dinero para las holgadas campañas electorales de la alcaldesa.

Los constructores que presuntamente pagaron sobornos y donaciones también han declarado ante la Guardia Civil. Uno de los detenidos es Carles Turró, propietario de Cleop, la constructora que se hizo con el contrato de la reforma de las Torres de Quart tras la intervención de Taula. Según las grabaciones de Benavent, el lavado de cara del monumento habría servido para que la red se repartiera hasta 20.000 euros en comisiones ilegales. Una parte del dinero, 5.000 euros, se reservó para donaciones al PP, según se dice en las cintas.

«Las Torres (de Quart) mira: pam pam la semana pasada», dice Marcos Benavent. En total, los dirigentes manchados por este escándalo se repartieron hasta 20.000 euros en mordidas, según los audios. Alcón recibió 10.000 euros -asumía todos los riesgos- y el hombre de Rus en la Diputación otros 5.000.

Cleop también ha sido contratista de Ciegsa, la empresa de la Generalitat que construye colegios y que también fue registrada durante la redada. Ayer la Conselleria anunció que elevará el informe que alerta de los sobrecostes.