Reacción de la Casa Real: «Absoluto respeto a la decisión judicial»
Las jueces de Nóos defienden que «Hacienda somos todos»
La hermana de Felipe VI tendrá que soportar en el banquillo un larguísimo juicio como imputada por dos delitos fiscales en el proceso que se sigue por el caso Nóos. La Audiencia de Baleares ha decidido finalmente desestimar los argumentos de su defensa para que se le aplicase la doctrina Botín, lo que significa que la acción popular que ejerce Manos Limpias podrá por si sola sostener la acusación contra la Infanta Cristina, para la que pide ocho años de prisión por haber cooperado con su marido, Iñaki Urdangarin, en el fraude cometido a través de la sociedad instrumental Aizoon.
El tribunal rechaza asimismo la pretensión expresada con llamativo apasionamiento por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Uno y otra consideraban también que Cristina debía beneficiarse de la doctrina Botínporque la Agencia Tributaria entiende que ella no ha cometido ningún delito. Esa jurisprudencia, inaugurada en 2007 para el banquero del Santander, impone el sobreseimiento de la causa cuando así lo reclaman el Ministerio Público y el perjudicado por el posible delito (y Hacienda insiste que sólo ella lo es en este caso), aunque la acción popular sostenga la acusación.
Durante el trámite de cuestiones previas, el fiscal Pedro Horrach defendió que exonerar a la Infanta es «defender la legalidad» y que lo contrario sería «quebrantar la igualdad y discriminar de forma injustificada a dos ciudadanas», aludiendo así también a Ana Tejeiro, esposa del ex socio de Urdangarin Diego Torres. En una intervención muy recordada, la abogada del Estado Dolores Ripollrazonó que el lema ‘Hacienda somos todos’ debe limitar su virtualidad al «ámbito publicitario».
La ciudadana Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI e Infanta de España, era propietaria a medias con su marido de la sociedad instrumental Aizoon, que fue utilizada para desviar los fondos obtenidos ilícitamente por Nóos. Urdangarin, según el notario que les asistió, usó a su esposa de «escudo fiscal» para procurarse impunidad, creyendo que nadie actuaría contra la Familia Real.
Aunque el juez pretendió investigarla inicialmente por tráfico de influencias -por haber consentido la utilización de su nombre en Nóos para obtener un «trato privilegiado» de empresas y administraciones-, la Audiencia concluyó que no existían «indicios vehementes» de que hubiera tomado parte con ese destacado papel en la trama.
Cristina se sentará en el banquillo imputada por dos delitos fiscales, que habría cometido al cooperar con su marido para, según el juez, «vaciar las cuentas» de Nóos a través de Aizoon, librando facturas contra el instituto por servicios falsos, y haciendo pasar gastos personales como deducibles al Impuesto de Sociedades: así, habría participado en la «contratación ficticia de personal para obtener beneficios fiscales» o en el «autoalquiler ficticio de su vivienda», por un lado, y, por otro, en el cargo a la sociedad de «servicios de asesoramiento y coaching», «fiestas infantiles» de sus hijos, un safari en África y hasta el catering de su cumpleaños.
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