El juez Ruz acusa a Marruecos de genocidio sobre el pueblo de Sahara Occidental y de ocuparlo ilegalmente

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz ha procesado a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sáhara, entre 1975 y 1992, y en algunos casos en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.

Para adoptar esta decisión, el juez se basa en su auto en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten “corroborar la veracidad indiciaria” de los crimenes denunciados, apoyados en muchas ocasiones por “documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas por las víctimas como consecuencia de las torturas”.

Ruz destaca “el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sáhara Occidental), que un periodista calificó de las cunetas del Sahara”.

Se hallaron ocho cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, “así como por la documentación que tenían entre sus prendas (muchas veces el DNI español)”, a raíz de lo cual declararon algunas personas que presenciaron esos asesinatos y sus familiares.

En 2013, un equipo dirigido por Paco Etxeberria con miembros de Hegoa, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco realizó una investigación. En ella exhumaron dos fosas comunes que corresponden a ejecuciones extrajudiciales de población saharaui por parte de Marruecos.

Entre los testimonios recogidos por el juez figuran relatos como el de Abba Ali Said Daf, que cuando era niño presenció una matanza, escondido bajo una manta en un camión, en el campamento de Samra entre el 12 y 13 de febrero de 1976.

Ese día vio cómo soldados marroquíes mataban a dos hombres del campamento y después los enterraban “dejando al descubierto las manos y los pies de los cadáveres para que las alimañas acabaran con ellos”. Los restos de estas personas y otras más fueron halladas en la citada fosa común hace un par de años.

La documentación sobre el bombardeo con napalm y fósforo que sufrió la población saharaui de Um Draiga el 18 de febrero de 1976″, ha quedado añadida ya al auto judicial del genocidio del Sahara (asesinatos, desapariciones, torturas, etc…) perpetrados por fuerzas Oficiales marroquíes sobre la población del Sahara occidental.

Estos bombardeos con sustancias químicas recuerdan a los de la aviación norteamericana sobre los guerrilleros del Vietcong durante la guerra de Vietnam, condenados por las Naciones Unidas.

Según los testimonios de los supervivientes, fallecieron aquel fatídico día unas 200 personas, la mayoría civiles.

Los testimonios de los familiares de las víctimas se presentarán como testigos con pruebas ante la Audiencia Nacional, con el propósito de que la causa por la cual el juez Ruz imputó a 11 altos cargos militares marroquíes publicada recientemente, pueda recogerlas. “Dentro de mes y medio, aproximadamente, cuando tengamos recogida toda la documentación, ampliaremos la querella en la que ya se recogen parte de esos hechos en el auto de procesamiento estableciendo los nombres de cada una de las víctimas, o si fueron asesinadas o heridas, quedando lesionadas de por vida”, relata el abogado Manuel Ollé. Añade que se solicitará “la declaración de todos los testigos y sobrevivientes que hay en este momento, que son alrededor de unos 20″. Se ha conseguido recopilar “64 nombres de fallecidos”. Además, hubo “más de 300 heridos”. “Los saharauis víctimas de este brutal atentado estaban huyendo de las tropas marroquíes hacia Argelia”. Fueron miles los que huyeron del Sáhara Occidental tras el abandono por parte del Estado español de la excolonia. Como muchas de las víctimas tenían DNI español, el caso puede ser investigado y juzgado en la Audiencia Nacional.

Abdeslam Omar, presidente de la Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa), comenta el por que del bombardeo: “Este bombardeo se enmarca dentro del plan sistemático y generalizado que hemos denunciado siempre de exterminio del pueblo saharaui por parte de Marruecos, y esta fue una de las acciones más claras en las que se concretó y ejecutó ese plan”, prosigue el abogado. “El bombardeo fue muy intenso. Primero hicieron un reconocimiento del terreno y después cuatro aviones de fabricación francesa –uno de ellos les guiaba– comenzaron a bombardear indiscriminadamente contra mujeres, niños y personas indefensas, y acribillarlos con tiros de ametralladora desde el aire. También atacaron con bombas un hospital, lo que constituye ya en un crimen de guerra”, relata Ollé.

Según los testimonios de los supervivientes, el bombardeo duró 48 horas, y todos los aviones regresaron en varias ocasiones para reaprovisionarse de gasolina y más bombas y volver a Um Draiga para continuar la masacre en pasadas a baja altura. “Más allá de todas las barbaridades y atrocidades que Marruecos ha perpetrado en el Sáhara Occidental, se añaden el fósforo y el napalm armas prohibidas en el ámbito del derecho internacional, concretamente en la Convención de Ginebra. Los especialistas en crímenes de derecho internacional están horrorizados. ¿Se ha vuelto loco Mohamed  VI?.

Sobre el recorrido y los plazos que esta ampliación de la causa pueden tener, el abogado Ollé considera que “el juez Ruz está rehaciendo el sumario incluyendo auto contra las Reales Fuerzas Aéreas de Marruecos. No parece complicado añadir nuevos hechos a un proceso ya abierto. Nosotros propondremos -dice Ollé-todas la pruebas que estimemos que puedan corroborar los hechos”, añade. En esta petición de ampliación de la querella también se solicitarán nuevas imputaciones. “Por nuestra parte, tendríamos que aumentar la responsabilidad penal individual contra todos los cargos militares necesarios”, dice Ollé, quien recuerda también que “el Gobierno español se manifestó públicamente a través del ministro de Exteriores diciendo que iba a respetar todas las decisiones judiciales”. “Ojalá sea así, y que además colaboren con lo que le pida el juez de la Audiencia Nacional”, concluye.

Otro de los relatos se refiere a otro ataque de la aviación marroquí al campamento de Um Dreiga con napalm y fósforo blanco que causó 39 muertes y dejó 75 heridos graves.

El auto también recoge testimonios de desapariciones y de torturas en el cuartel del Puesto de Mando de las Compañías Móviles de Intervención (PCCMI) en El Aaiún.

Denuncia que Ruz no archivó entonces

Las denuncias de Asociaciones de Apoyo al pueblo Sáharaui y pro derechos humanos del 14 de septiembre de 2006 contra 31 altos cargos, militares y policías marroquíes por la desaparición de 542 sáharauis desde que el ejercito español se retiró del territorio en 1975.

Hace casi un año, el 15 de abril de 2012, a raíz de la reforma de la ley de justicia universal, Ruz, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó archivar esta causa porque cuando ocurrieron los hechos denunciados en los años 70 y 80 el Sáhara Occidental era territorio español.

Siguiendo con el criterio de la Fiscalía, el juez consideró que era competente para investigar esta querella porque el Sáhara Occidental era una provincia española en esos años, así como que legalmente seguía estando administrada por España en los 80 y aún ahora.

Ruz, al igual que la Fiscalía, entiende también que la competencia “se extiende a los hechos posteriores a la fecha en la que el Sáhara Occidental dejó de ser español, el 28 de febrero de 1976, ya que los mismos son plenamente conexos con los iniciales, que es la invasión por Marruecos de ese territorio en octubre de 1975 con la llamada “Marcha Verde”. Está claro que la jurisdicción sigue siendo en el estado español.

Entre los cargos procesados están: el coronel mayor de la Gendarmería Real en Agadir, Driss Sbai; el interventor del director de Policía Judicial, Brahim Ben Sami; el comisario Hariz El Arbi; el coronel Lamartiel y el exgobernador de la Administración Territorial del Sáhara Abdelhafid Ben Hachem.

También están el excoronel Abdelhak Lemdaour; los exgobernadores del campo de refugiados de Smara Driss Sbai, Said Oussaou y Hassan Uychen, así como Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.

El juez Ruz además decretó la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición de otros siete presuntos responsables de ese genocidio: Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El Arbi.

Desapariciones forzadas en el Sáhara Occidental: actualmente existen más de 400 víctimas de desaparición forzada saharauis. Otros muchos saharauis se encuentran también desaparecidos como consecuencia de los bombardeos de la aviación marroquí en Um Dreiga, Guelta o Tifariti en 1976, según recoge Aranzadi.

Cerca del 80% de estas desapariciones se dieron durante los primeros años de la ocupación militar del territorio, especialmente entre 1975 y 1977, constituyendo el modus operandi típico y fundamental de la represión marroquí de entonces.

El proceso de exhumación de las fosas del Sáhara Occidental se recoge en el resumen titulado Meheris. La esperanza posible, y también en un documental, recién publicado.

Las torturas a saharauis en cárceles marroquíes, según el auto del juez Ruz de la Audiencia Nacional recoge cruda y explícitamente el relato de las torturas que recibieron muchos saharauis entre 1975 y 1991.

Las fosas comunes en el Sahara son tan corrientes como las cunetas de Euskadi

La madre de Mohamed Jalil Ayach “escuchó cómo torturaban a su hijo durante 8 días”, después murió “en las letrinas donde los prisioneros  hacían sus necesidades”.

La identificación de ocho saharauis víctimas de la represión en el Campamento de refugiados saharauis en Dajla (Sáhara Occidental) acaba con décadas de silencio.

Seis claves del auto de Ruz contra Marruecos

-Las familias de las víctimas saharahuis declaran: “Pudimos enterrar a nuestros familiares pero nos faltaba la justicia”.

-Quemaduras de cigarros, asfixia con toallas empapadas en lejía, golpes aplicados con astucia, con el objetivo de hacer sufrir el máximo posible a sus víctimas sin dejar rastros. El auto del juez Ruz es un manual del horror pero muy real pues están en el todos los nombres de víctimas y verdugos.  Hechos con protagonistas como Hadram Abderrahman Bada y Mohamed-Buia Hosein, cuyos relatos permitieron un primer paso para juzgar a los responsables de los abusos que marcaron sus vidas.

El 15 de diciembre de 1975, Hadram Abderrahman Bada, de 25 años, estaba amamantando a su bebé en su casa, “cuando sobre las 15:00 horas soldados de las FAR marroquíes penetraron violentamente en la casa y se la llevaron”, según recoge el auto judicial. Llevaron a Hadram al Cuartel de Smara de las Fuerzas Armadas Reales (F.A.R.) marroquíes y de la Gendarmería Real, “cuyos máximos responsables eran desde finales de 1975 el Coronel Abdelhak Lemdaour, del Ejército marroquí, y el Teniente Driss Sbai, de la Gendarmería Real”.

En los tres meses en los que estuvo detenida, hasta que se le liberó sin ningún juicio previo y sin justificar el motivo de su arresto, a Hadram “le pusieron una venda en los ojos de manera que no pudiera ver nada y a continuación le sentaron en una silla atada de pies y manos y le golpearon; también le sentaron en un banco en posturas dolorosas de tal manera que podían pegar con porras las plantas de los pies y los tobillos “. Era solo el inicio de una larga y detallada lista de abusos, entre los que se encuentran suspenderla de una “barra atada del cuello y espalda mientras la golpeaban y balanceaban”, las quemaduras con cigarrillos, la bebida mezclada con orines y la comida aderezada con “trozos de cristales” y los abusos sexuales, etc…

La mujer recuperó la ansiada libertad después de sufrir todas esas torturas, pero entonces no sabía que volvería a ser objeto de esta maquinaria del dolor. En 1976 los soldados marroquíes le destrozaran la barraca donde residía y en abril de 1979 “fue nuevamente detenida por los soldados de las FAR marroquíes y trasladada hasta el cuartel de Smara, donde fue sometida de nuevo a torturas”. Un mes después, volvió a ser liberada.

Su caso está dentro de los “hechos investigados en el presente sumario con autor conocido”. Hay otras experiencias, como los tiros que escuchó Abba Ali Said Daf, cuyos ejecutores carecen de rostro. La noche del 12 de febrero de 1976 quedó retratada con los gritos y las ráfagas que se cobraron la vida de “Bachir Salma Da (el primo de Abba Said, de 14 años); Salma Daf Sidi Salec (padre del anterior); Sidi Salec Salma; Salama Mohamed-Ali Sidahmed Elkarcha; Salama Mohamed y Sidahmed Segri Yumani”.

La identificación de estas seis personas, junto a la de los pastores Mohamed Mulud, Mohamend Lamin Maimun y Mohamed Abdelahe Ramdan, por un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco ha configurado una pieza clave –según el sumario de Ruz– para la investigación que ha sostenido la imputación de los responsables marroquíes.

Objetivo: destruir a los saharauis

Relatos que completan otros como el que siguen permiten a Ruz afirmar que “desde noviembre de 1975 y hasta 1991, se produjo de una manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (…) cuya finalidad es la de destruir total o parcialmente a grupos de población local y apoderarse para anexionarlo a Marruecos del territorio del Sahara Occidental. Además de las detenciones, se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años, y torturas a gente saharaui por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos”. La finalidad primera es “ocupar el territorio del Sáhara Occidental”.

El testimonio de Brahim Mohamed Salem Omar –detenido el 14 de abril de 1976, cuando tenía 22 años, y también el 17 de enero de 1977– da cuenta de una de las escenas más despiadadas del auto: “Durante el tiempo que estuvo en el cuartel de Smara (…) presenció como Mariam Mohamed Salem dio a luz en la cárcel y al recién nacido le cortaron los dedos y se los trajeron después a la madre entre la comida”.

Brahim también fue torturado y aportó la identidad de tres de sus maltratadores: el Coronel Lamarti, el Teniente de la Gendarmería Real Muley Ahmed Albourkadi y el funcionario Lehsan Chaf Yeudan. “El coronel ordenó que le ataran las extremidades del cuerpo con cuerdas y se las separaran, aplicándole este sistema de tortura. También le aplicaron descargas eléctricas en mejillas y lengua y fue sometido a golpes con cuerdas en una celda”.

Allí estuvo dos meses y trece días. En ese periodo, Brahim también vio cómo “prendieron fuego vivo a uno de los prisioneros, Mohamed Salem Bamousia, mayor de 70 años, al que envolvieron en unas mantas, lo rociaron con gasolina y lo quemaron; y a otro de los prisioneros le clavaron las manos y los pies a una mesa con hierros”.

Algunos lugares tomaron el nombre de su leyenda, fruto de los testimonios que definían sus tácticas, como la “Cárcel Negra” de Smara, responsabilidad del Coronel Abdelhak Lemdaour y el Teniente Driss Sbai en El Aaiún.

La repetición de las torturas en varias ocasiones

Al igual que Hadram Abderrahman Bada, Mohamed-Buia Hosein tuvo que regresar a las cárceles del terror después de haber logrado salir dos veces con vida de sus muros. Fue detenido por tercera vez. La primera, en 1977, estuvo en el cuartel de Bensergau en Agudir. Allí fue torturado “y durante algunos de tales interrogatorios estaba presente el gobernador de El Aaiun, Said Ouassou”. Dos años después, los marroquíes le volvieron a privar de libertad y las técnicas no cambiaron.

“Allí fue torturado durante 11 días: le colocaban atado sobre una tabla con la cabeza suelta hacia arriba y le ponían en la boca un trapo mojado con lejía y sal, hasta que le ponían al borde de la asfixia. También le ataron, con el cuerpo boca arriba, sobre una tabla con los pies atados fuertes con un alambre (para que la sangre se concentrara en dicha parte y los golpes dolieran más), golpeándole las plantas de los pies con una pieza de metal (‘falaka’)”.

En 1981, volvió a ser detenido y torturado. Esta vez, fue encarcelado en Kalaat Magouna hasta el 17 de julio de 1991, “10 años y 6 meses después de su detención sin haberse celebrado juicio ni ser informado de los motivos concretos de su detención salvo el hecho de ser saharaui”, recoge Ruz.

La madre del citado Mohamed Jalil Ayach “estaba en la misma celda que Aminatu Haidar, presas en la misma celda del antiguo Batallón de Instrucción de Reclutas español de la costa de El Aaiún y escuchó cómo les torturaban durante una semana. La madre escuchó todos los horribles detalles del asesinato.

Estuvo varios días sin ser atendido de sus heridas, agonizando entre porquería, hasta que finalmente falleció”. Dichas torturas, continúa el texto de la Audiencia Nacional, “fueron ordenadas personalmente por Hariz el Arbi, quien estaba en el cuartel”.

Por estos y otros hechos contenidos en el sumario, el magistrado exige además la “busca, detención e ingreso en prisión” del gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún y varios más de la “jarca“.

Otras historias quedan en la penumbra. Aquellas en las que no hubo  supervivientes tan válidos como Aminatu Haidar para narrar lo que vio. Otros gritos quedaron ahogados, encerrados en la intimidad del preso y el interrogador. Y, por tanto, silenciados.

El bombardeo con napalm y fósforo se añadido a la querella contra Marruecos en la Audiencia Nacional.  Consta en “Flama Data” 4 de mayo de 2015 y en “Actualitat“, “Destaquem proyectes“, “Món Àrab“, “Nord d’Àfrica“, “Orient Mitjà“ y RASD.

En ”Cuarto Poder” [3/5/2015], Sato Díaz, comenta la actuación de Manuel Ollé, el abogado que ha denunciado ante la Audiencia Nacional el genocidio perpetrado contra la población saharaui por parte de Marruecos. Añade que ampliará la querella contra militares marroquíes. De este modo, según explica el letrado a “Cuarto Poder“  que se presentará durante la duodécima edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara.

Ban Kii Mon, tras esta visita, reconoció por la terminologia de su discurso que la zonas “ocupadas”’ del Sahara Occidental no pertenecen a Marruecos, salvo por la violencia ilegal, estructural y militar que en ellas reproduce día tras día. El Gobierno marroquí respondió expulsando del territorio a un importante contingente civil y administrativo de la MINURSO (Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental).

Lo que se añade a los hechos es el vergonzoso comportamiento del Gobierno del Estado español, en funciones, y las timoratas y escasas respuestas a este hecho insólito de un bombardeo con NAPALM. El Estado español viene ocupando desde el año 2015 y durante todo el presente año un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No podemos olvidar que el Estado español es la potencia administradora del proceso de descolonización del Sáhara Occidental según la legalidad internacional.

A este Estado le corresponde, por lo tanto, cerrar el proceso de descolonización que no fue capaz de cerrar en el año 1975 con la venta ruin de la entonces provincia española a la monarquía marroquí. Un proceso de descolonización que, según la misma legalidad internacional indica, se cerrará con un referéndum de autodeterminación en el que la población saharaui elija, libremente, su futuro político. El Estado español tiene una oportunidad única de situarse al lado de su obligación moral, histórica y legal con el pueblo saharaui desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La sociedad civil española exige, por lo tanto, al Gobierno en funciones, que escuche las demandas del pueblo del Sahara y se posicione de lado de la legalidad, y por tanto, de los derechos del pueblo saharaui.