El Gobierno en funciones ha optado por una respuesta mesurada al enésimo desafío, esta vez en forma de desacato al Tribunal Constitucional, de la Generalitat de Cataluña. El Consejo de Ministros pidió ayer a la Abogacía del Estado que presente un incidente de ejecución ante el Alto Tribunal por la resolución aprobada esta semana por el Parlament que inicia el proceso de ‘desconexión unilateral’, expresamente prohibida por el Constitucional. ‘Pedimos que se declare nula la resolución y su suspensión inmediata’. dijo Sáenz de Santamaría.
En el marco de ese incidente de ejecución, el Gobierno exige a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, a los miembros de la Mesa y al secretario general que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con esa resolución, y al presidente de la Generalitat y a los consejeros que no promuevan ni tramiten ninguna propuesta legislativa amparada en la misma.
Por último, el Ejecutivo abre la puerta a la vía penal al instar al Tribunal Constitucional a que deduzca testimonio de particulares por si hay que exigir responsabilidades penales a Forcadell por incumplir el mandato del Alto Tribunal. En este caso, el Constitucional tendrá que documentar los incumplimientos de la ley en los que haya podido incurrir la presidenta del Parlament y ponerlos en manos de la Fiscalía, que será el organismo que tendrá que valorar si en esos comportamientos hay indicios de delito.
Se trata, como decimos, de una respuesta mesurada porque, por el momento, el Gobierno ha decidido no tomar la vía penal directamente -podía haber instado a la Fiscalía que lo hiciera-. Prefiere, y nos parece bien, no dar pasos en falso y llevar todo el procedimiento muy arropado por decisiones judiciales. El Ejecutivo actúa correctamente al encaminar todo el proceso legal contra el desafío de la Generalitat en el ámbito jurídico y judicial, elevándolo del plano político, que es precisamente el terreno de juego elegido por los independentistas.
Sólo así se explica la respuesta de Forcadell tras conocer las decisiones del Gobierno: ‘Sería profundamente antidemocrático’ ser inhabilitada porque ella está siguiendo una hoja de ruta marcada por el Parlament. Es decir, sitúa las decisiones políticas tomadas en una Cámara legislativa por encima de la Constitución. ‘No se puede pedir ni a la presidenta del Parlament ni a nadie que renuncie a sus ideas’, añadió Forcadell, en otra tergiversación interesada de lo que está ocurriendo. Porque ya no estamos en un debate sobre las ideas independentistas, absolutamente legítimo por otra parte, sino ante la decisión del Govern y del Parlament de violentar la ley para culminar una hipotética secesión de España.
Sáenz de Santamaría definió ayer como ‘desacato’ el último paso dado por el Parlament, auspiciado por Junts pel Sí y la CUP al aprobar la resolución de ‘desconexión unilateral’. Por su parte, la portavoz de la Generalitat. Neus Munté,tildó de ‘amenaza’ la iniciativa del Gobierno y afirmó que no se moverán de un camino ‘que es profundamente democrático’.
Con este panorama, el Gobierno está en la obligación de usar todas las armas que le proporciona la ley para contrarrestar este empecinamiento de los independentistas. A estas alturas, por ejemplo, nadie entendería que la antigua Convèrgencia consiguiera el grupo parlamentario propio al que no tienen derecho según la normativa gracias a la ayuda del PP y de Ciudadanos, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso. ¿Para qué darle dinero y visibilidad a quien quiere usar el Parlamento para separarse de España?
Y si los independentistas siguen con su intransigencia, el Estado tiene en su mano utilizar el recurso de la financiación. La Generalitat tiene una deuda del 60% del PIB y está calificada de bono basura. No tiene capacidad para acudir a los mercados y necesita de los fondos del Estado para cumplir con sus obligaciones con proveedores y prestamistas.
Como Cataluña es España, el Estado tiene la obligación de acudir en su auxilio, pero eso no quiere decir darle recursos a la Generalitat para que continúe financiando su deriva independentista. Los fondos tienen que seguir llegando a Cataluña en la misma proporción que al resto de las comunidades autónomas, pero el Estado sólo debería transferir recursos con criterio finalista: para pagar a los proveedores o reducir deuda, sí; para sufragar las inversiones propias de las veleidades independentistas, nunca.
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