Por JM. MARTINEZ VALL
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José Antonio Primo de Rivera fue un hombre de Derecho. Pero dentro del ancho campo de lo jurídico tuvo desde el principio la clara vocación de ser abogado. En el momento humano de más sinceridad, ya de cara a la muerte, cuando redacta su testamento ológrafo porque el gobernador civil de Alicante censura y prohíbe el que iba a otorgar, abierto, ante el notario de aquella capital señor Castaños, incluye su conocida confesión “Me defendí con los mejores recursos de mi oficio de abogado, tan profundamente querido y cultivado con tanta asiduidad”.
Había sido admitido al ejercicio profesional en el Colegio de Abogados de Madrid bajo el número 10.883, 43 de 1925, con fecha 3 de abril y desde entonces hasta su propio alegato forense, en defensa propia, de su hermano Miguel y su cuñada Margot, ante el “Tribunal Popular” de Alicante, (días 16 y 17 de noviembre de 1936). Su actividad profesional fue incesante, aunque sufrió un quiebro en cuanto a las materias de su dedicación desde la fundación de Falange.
Hasta entonces había sido el suyo un bufete de material civil y mercantil y procuraba rehuir las causas penales, aunque aceptó y llevó adelante con éxito las defensas de algunos colaboradores de su padre y la de un magistrado acusado, durante el periodo republicano, por su actuación en algún caso concreto en tiempo de la dictadura. Desde la fundación de Falange, todo cambió. José Antonio Primo de Rivera se fue convirtiendo cada vez mas en el amparo profesional de sus camaradas acusados (asociación ilícita, tenencia de armas, etc..) ante los Tribunales de Orden Público y penales. No debió de ser éste sesgo de sus preferencias doctrinales y de sus intereses profesionales el menor el menor de los sacrificios que hizo, porque antes habían sido reiteradas y notorias sus declaraciones de querer dedicarse “al estudio del Derecho Civil”.
Pocos saben que después de terminada la carrera, incluso el doctorado, pidió permiso al civilista Sánchez Román para asistir durante dos años más a su Cátedra de la Universidad Central, pero con el ruego de ser preguntado en clase como cualquier alumno. Supe además por habérmelo contado el letrado y Catedrático de Ciudad Real, don Emilio Bernabeu, que le acompañó en aquella sazón por tierras manchegas, que cuando fue a Malagón, Fuente el Fresno, Fernán Caballero, Porzuna y Los Cortijos para estudiar “in situ” la posible defensa de los vecindarios y trabajadores de esos pueblos en el espinoso y difícil pleito de “los estaos del Duque de Medinaceli” les dijo con modestia y prudencia: “Ya he quedado informado de los antecedentes. Ahora tengo que estudiarlo despacio. Y además consultaré con mi maestro Sánchez Román”. Lo hizo y aceptó el pleito. Y lo ganó. En el Tribunal Supremo, nada menos que contra uno de los grandes del Foro español: don Francisco Bergamín. Fue su primer gran éxito forense. En Ciudad Real se le hizo un homenaje (octubre 1927) por tan señalado triunfo. Puedo dar fe de la dificultad extrema del caso porque muchos años después, para un dictamen que me pidieron (1970) los mismos ayuntamientos, tuve que estudiar el documento matriz de donde derivan los derechos de los vecindario: La Concordia aprobada por el Rey Felipe II, en pleno siglo XVI, entre el Mariscal don Diego Arias de Saavedra, representando a la casa Ducal de Medinaceli, y los síndicos de esos pueblos. Bergamín, con gran nobleza, en el trámite de rectificación de su informe ante la Sala del Tribunal Supremo, reconoció: “Dije al saludar al joven letrado que era una verdadera esperanza. Me rectifico. Señores magistrados: Afirmo que en la mañana de hoy hemos escuchado a una auténtica gloria del Foro español. Nada más”. José Antonio tenía veintitrés años.
Otro caso resonante fue cuando, ante la misma sala del TS, ganó un recurso de casación, fundado en especialidades de Derecho Catalán de sucesiones (material espinosa y difícil, si las hay). Contra el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y expertísimo foralista, doctor Sánchez Diezma (enero, 1930). Pocos meses antes había mantenido, con idéntico éxito en el resultado, otro recurso de casación de un particular desconocido contra el Banco Hispano Americano, defendido nada menos por don Melquíades Álvarez, que además de catedrático de Derecho Romano era uno de los tribunos mas elocuentes de la política española. Don Melquíades, al acabar la vista, declaró ante los periodistas: “José Antonio Primo de Rivera es ya un gran abogado”. Y así se publicó en la prensa de entonces.
Se opuso, esta vez ante el Pleno del Tribunal Supremo (abril de 1933, ya en plena República), a la demanda presentada por Osorio y Gallardo sobre la indemnización civil contra los herederos del General Primo de Rivera y los ministros de la dictadura. Se defendió a sí mismo y a sus hermanos y a los herederos del Duque de Tetuán. Y obtuvo la absolución de la demanda.
“Este era el jurista, plenamente reconocido ya como gran abogado ante tan formidables y reputados adversarios, que desde 1933 tuvo que cambiar de frente para acusar a quienes mataban a sus camaradas (la primera acusación fue con motivo del asesinato de Matías Montero) y defenderlo de las acusaciones ante los tribunales. El mismo, en tres años, 1933-1936), tuvo que sufrir ocho procesos. En el último, el de Alicante, no pudo ser defendido por el decano, don Melquíades Álvarez, porque éste había sido asesinado en la cárcel Modelo de Madrid el día 23 de agosto de 1936.
Asumió pues su propia defensa y la de sus hermanos y consiguió que a estos no se les impusiera la pena de muerte, q también con ellos se solicitaba.
Con la de su ejecución inmediata, volvió a surgir en claro desbordamiento de personalidad, el abogado esencial que llevaba dentro: “¡Yo sólo tengo que morir” ¡Yo sólo!, les decía a sus hermanos.
Yo veo en esta expresión la voz del abogado que llega a cubrir el grito instintivo del hombre. Si la justicia es la razón de ser de la Abogacía, José Antonio, que siempre clamó por ella, es un paradigma del abogado.
Artículo de J.M Martínez Vall visto en Plataforma 2003
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