MUNICIPAL | LEGISLACIÓN
Pablo Sánchez, portavoz de la ejecutiva socialista local , dijo que «tramos, de evitar, que la empresa concesionaria pueda cortar el agua a las familias de espaldas al Ayuntamiento»
luis bonete / almansa La Tribuna de Albacete
El Partido Socialista de Almansa ha anunciado a través del portavoz de su ejecutiva local, Pablo Sánchez, que va a proponer una reforma del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas, aprobado después de la privatización del agua con la oposición de los socialistas. «El reglamento -aseguró Sánchez- favorece los intereses de la empresa concesionaria, pero es una norma municipal que el Ayuntamiento puede modificar. Ya a través del grupo municipal hemos propuesto mejoras puntuales, pero ahora vamos a llevar a Pleno una revisión completa», informó.
Recordó Sánchez que, «el reglamento prevé que en caso de impago de recibos o servicios, Aqualia puede cortar el suministro del agua sin comunicarlo al Ayuntamiento, ni al propio usuario». Añadió que, «apostamos por que el Ayuntamiento deba examinar los casos de impago, para evitar que personas o familias sin recursos se vean sin un derecho fundamental como es el del acceso al agua potable».
COSTES. Indicó el portavoz socialista que, «el corte de agua debe ser siempre el último recurso porque impone a los usuarios nuevos costes, además de las facturas que puedan tener pendientes tienen que abonar los importes del corte y la reposición del servicio». Otro artículo a reformar es el que se refiere a la facturación de los contadores padre, «que han convertido a todas las comunidades de vecinos en nuevas usuarias del servicio, obligándolas a colocar un contador general y pagar costes fijos aunque no haya gasto de agua», asegura Sánchez. La propuesta del PSOE es eliminar a través del reglamento las cuotas fijas de las comunidades y facturar solo el agua utilizada, para que las comunidades de vecinos no paguen nada si no tienen consumo. Subraya Sánchez que, la reforma que propone el PSOE «beneficiará también al propio Ayuntamiento, ya que la norma, tal y como está redactada, deja la última palabra a Aqualia (a través de informes vinculantes) en la autorización de proyectos y puesta en servicio de edificios y urbanizaciones.
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