Baltasar Garzón acude a declarar al Tribunal Supremo el pasado 10 de mayo. | Bernardo Díaz
- Acusado de delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales
- Ordenó interceptar las conversaciones entre los imputados y sus abogados
- El instructor dice que ‘laminó’ el derecho a defensa de los implicados
- Las penas que se le piden conllevarían su expulsión de la carrera judicial
Por María PERAL. Copyright.2012
La interceptación ilícita de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados del ‘caso Gürtel’ y los abogados que les defienden llevará al banquillo del Tribunal Supremo este martes a Baltasar Garzón que se enfrenta a peticiones de pena de inhabilitación que, de aceptarse, conllevarán la pérdida de su condición de juez.
El instructor de la Audiencia Nacional, mundialmente famoso por haber ordenado la detención de Pinochet y suspendido provisionalmente de funciones en mayo de 2010, es acusado de delitos de prevaricación y contras las garantías constitucionales por haber ordenado la intervención de decenas de entrevistas celebradas en los locutorios carcelarios durante las cuales los imputados del ‘caso Gürtel’, creyéndose resguardados por la confidencialidad de la relación preso-abogado, hicieron confesiones incriminatorias a sus letrados y éstos les indicaron las estrategias que debían seguir para defenderse. A toda esa información accedieron el juez instructor, la Policía y la Fiscalía.
El instructor señala que con las escuchas se ‘transmutó el derecho de defensa en un instrumento de autoinculpación’
El magistrado de la Sala Penal del Supremo Alberto Jorge, un prestigioso referente de la izquierda judicial que por turno de reparto se encargó de instruir la causa contra Garzón, concluyó que las resoluciones dictadas por Garzón «destruyeron los pilares básicos del ordenamiento procesal del Estado de Derecho» al «laminar» el núcleo duro de lo que es un proceso justo: el derecho de defensa, el derecho a no declarar contra uno mismo, el derecho a no confesarse culpable y el secreto profesional de los abogados.
Para Jorge, ese «vaciamiento» del derecho de defensa no sólo desactivó cualquier posible estrategia de los imputados para contrarrestar los cargos que pesaban contra ellos sino que, aún peor, «transmutó el derecho de defensa en un instrumento de autoinculpación», ya que los internos, al informar a sus abogados, admitieron determinados hechos incriminatorios.
La Sala prevé tres días de juicio oral
Son precisamente los imputados escuchados, Francisco Correa y Pablo Crespo, los que ejercen la acusación particular contra Garzón. Sus abogados, José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez Mourullo, solicitan para Garzón penas de 15 y 17 años de inhabilitación, respectivamente. También le acusa el letrado Ignacio Peláez, que reclama 10 años de inhabilitación.
La Fiscalía, que en su momento no reaccionó frente a unas escuchas declaradas «ilícitas y sin efecto» por el Tribunal Superior de Madrid en marzo de 2010, reclama la absolución.
La defensa, ejercida por el letrado sevillano Francisco Baena, cree que Garzón no incurrió en infracción penal alguna dada la gravedad de los delitos de corrupción que investigaba y la existencia de indicios de que los cabecillas de la trama se valían de «algunos abogados» para blanquear dinero. Admite que esos indicios no afectaban a los letrados Choclán, Rodríguez Mourullo y Peláez, pero sostiene que eso es «indiferente» dado el interés de la Justicia en la persecución de los delitos.
La Sala, integrada por siete magistrados, prevé tres días de juicio oral.
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