A la puerta del Tribunal Supremo había ayer casi 300 personas entre familiares de desaparecidos y la representación habitual del agit-prop: Gaspar Llamazares, Cayo Lara, juntos pero no revueltos (no se dirigieron la palabra), Carlos Jiménez Villarejo y ‘Ma Bardem’, que se movían con toda naturalidad entre pancartas desde el populismo naif («Garzón, amigo, el pueblo está contigo») hasta el tono implacable de las calceteras de la Revolución: «Depuración de los jueces franquistas del TS, Tribunal Supremo, esperpento nacional».

Por Santiago GONZALEZ. Copyright.2012

En una relación desapasionada de los hechos, Garzón no ha sido un adalid de la causa de las fosas. En 2006 recibe denuncias que pone en el cajón de macerar, probablemente junto al caso Faisán, a juzgar por la época. Un año más tarde, el 8 de noviembre de 2007, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca presenta una denuncia contra él en el Consejo General del Poder Judicial por no haber movido el caso. Ocho días después, el 16 de noviembre, da traslado de las diligencias al fiscal y le pregunta si la Audiencia Nacional es competente.

Garzón, que invocó la Ley de Amnistía para no dar curso a una denuncia contra Carrillo por las matanzas de Paracuellos, escucha sus mismos argumentos al fiscal a propósito de sus diligencias -la Audiencia Nacional carece de competencias y está la irretroactividad de las leyes-, pese a lo cual el 23 de junio de 2008 pide informes a todo quisque, afirma su competencia el 16 de octubre y la niega un mes más tarde.

El juez Garzón tampoco admitió una denuncia que Pedro Corral llevó a su juzgado el 12 de septiembre de 2008, para investigar el fusilamiento de 46 soldados de la 84ª Brigada Mixta, la única fuerza del ejército republicano que tomó una capital de manos enemigas durante la guerra. Pasaron de héroes a villanos en 12 días, porque se tomaron por la brava el permiso que el mando les había prometido. Sin formación de causa ni juicio, fueron fusilados en un paraje de Rubielos de Mora llamado Piedras Gordas. Ninguna asociación por la Memoria Histórica se interesó por el paradero de sus restos. El juez Garzón tampoco.

«[…] La amnistía es un acto excepcional, justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva de acontecimientos tan cruentos y dolorosos para un pueblo como es una guerra civil, una guerra entre hermanos y una larga dictadura.

La España democrática debe mirar hacia delante, olvidar las responsabilidades y los hechos de la Guerra Civil, hacer abstracción de los 40 años de dictadura. La mirada hacia el pasado sólo debe tener como propósito la reflexión sobre las causas de la catástrofe y la forma de impedir su repetición. Un pueblo ni puede ni debe carecer de memoria histórica, pero ésta debe servirle para alimentar proyectos pacíficos de convivencia hacia el futuro y no para nutrir rencores hacia el pasado».

Es un editorial de El País, titulado Amnistía, al fin, publicado el 15 de octubre de 1977, tras la aprobación de la Ley en las Cortes, la misma que ahora Llamazares y Cayo Lara rechazan y que el juez Garzón, más ecléctico, admite o rechaza según los casos, con el aplauso de la prensa amiga.

Debo confesar que a mí me gusta mucho el argumento; siempre he creído que la convivencia sólo es posible mediante una prudente administración de la memoria y el olvido.