Su comportamiento puede abocarle ahora a una imputación por los delitos de fraude procesal y denuncia falsa.
EL MUNDO. EDITORIAL
El causante de que el cerco judicial por el caso Dina se estreche en torno al actual vicepresidente del Gobierno no es José Manuel Calvente. Es únicamente Pablo Iglesias. De hecho Calvente, como responsable jurídico de Podemos, trató de ahorrarle al líder del que era su partido el difícil trago por el que hoy pasa: le advirtió de que la sustracción de la tarjeta telefónica de la asesora no se podía presentar como una maniobra oscura de las cloacas contra Podemos. Pero Iglesias desoyó a su coordinador jurídico, se personó como perjudicado en el caso y trató de explotar electoralmente ese falso victimismo. El comportamiento de Iglesias puede abocarle ahora a una imputación por los delitos de fraude procesal y denuncia falsa.
Cuando el juez García Castellón -el mismo que investiga al PP de Rajoy en la operación Kitchen, lo que complica definitivamente la habitual campaña sectaria del populismo contra la Justicia cuando le lleva la contraria- retiró la condición de perjudicado a Iglesias, la opinión pública empezó a darse cuenta de la monumental estafa que el hoy vicepresidente había tejido. Según Calvente, Iglesias mintió conscientemente en el juzgado. La cúpula morada -Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral y el ya imputado Juanma del Olmo: este por la caja B del partido- armó una «patraña» a sabiendas de que lo era, y no contentos con eso, en represalia montaron una acusación falsa -ya archivada- de acoso sexual para destruir civilmente a Calvente y hundir su crédito. Tan turbia e intragable resulta esta conducta en personas que aún se sientan en el Consejo de Ministros como vergonzosa es la complicidad con que Sánchez y su fiscal general Delgado tratan de cubrirles en el Parlamento y en la Fiscalía.
Cabe recordar que el juez acordó tomarle declaración a Calvente a raíz de la entrevista a EL MUNDO en la que afirmó: «El caso Dina era un montaje y como yo podía desmontarlo, me intentaron joder la vida acusándome falsamente de acoso sexual. El problema es que el segundo montaje, falso como el primero, les ha salido mal». El relato del testigo, que se derrumbó durante la declaración por el acoso y las amenazas que está recibiendo, persuadió al juez de enviar a un juzgado la denuncia de acoso. El denunciante debe ser protegido. Su testimonio, dada su posición privilegiada en Podemos, coloca a la cúpula populista al borde de lo insostenible. Y aún queda por investigar la financiación del partido a través de los pagos de la consultora chavista Neurona, entre otras irregularidades que afectan a una formación actualmente imputada por corrupción.
Este es el socio de coalición sobre el que se asienta el poder de Pedro Sánchez. El socio con silla en el Consejo de Ministros al que Sánchez incluye en el perímetro constitucional mientras expulsa de él al PP por no someterse a sus enjuagues institucionales. El socio que trabaja al unísono con el separatismo por la destrucción del sistema constitucional y la monarquía parlamentaria. El socio que introdujo en España las prácticas divisivas del populismo bolivariano y contaminó con ellas al PSOE. El todavía socio de Sánchez.
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