El magistrado de la Sala Penal del Supremo Manuel Marchena ha inculpado al juez Baltasar Garzón por un delito de cohecho impropio que habría cometido al pedir y obtener de importantes empresas y bancos españoles un total de 1,2 millones de dólares que fueron entregados «en atención a su condición de juez» para patrocinar las actividades que dirigió durante su estancia en la Universidad de Nueva York (UNY) en 2005 y 2006.
Por María PERAL. Copyright.2012
En una resolución que el Supremo acaba de notificar, Marchena afirma que, aunque el tipo penal del cohecho impropio no exige enriquecimiento personal, éste se produjo en el caso de Garzón, que cobró su nómina del mismo centro de la UNY al que el BBVA, Cepsa, Endesa o Telefónica entregaron sus «generosos» patrocinios.
Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional obtuvo retribuciones en especie a cargo de los fondos entregados por el Banco Santander al Centro Rey Juan Carlos adscrito a la UNY. Entre esas retribuciones en especie figurael pago de 21.650 dólares para satisfacer la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas.
En total, la cantidad solicitada por el juez a empresas y bancos fue de 2,5 millones de dólares. El instructor del Supremo destaca que fue el propio Garzón el que «contactó con directivos de importantes empresas españolas respecto de los que tenía la seguridad de que nunca iban a denegar un patrocinio que estuviera impulsado por él».
Los patrocinios
Algunos de esos responsables empresariales a los que pidió dinero «habían sido testigos o imputados en procedimientos instruidos por el propio Garzón».
Es el caso del BBVA, al que Garzón solicitó una contribución de 300.000 dólares para un seminario sobre terrorismo «cinco meses después de haber incoado un procedimiento abreviado contra buena parte de sus anteriores directivos, cuando ese procedimientos se hallaba todavía abierto en el Juzgado del que era titular y al que habría de reincorporarse meses después».
El máximo responsable del BBVA, Francisco González, que autorizó el patrocinio por un importe final de 200.000 dólares, había tenido que acudir a declarar como testigo ante Garzón en ese proceso, el de las cuentas ocultas de Jersey, que acabó con la cúpula de Neguri y favoreció el ascenso de González a la presidencia del banco.
En el caso del Santander, Marchena relata que en noviembre de 2006, cuatro meses después de reincorporarse al Juzgado tras su estancia en Nueva York, Garzón archivó una querella dirigida contra el presidente de la entidad, Emilio Botín, que poco tiempo antes había autorizado un patrocinio de 327.000 dólares.
El instructor del Supremo aporta innumerables documentos obtenidos durante la investigación que acreditarían que «las cantidades solicitadas -y obtenidas- tuvieron siempre relación directa con la condición de juez» de Garzón, que invocó permanentemente su estatus judicial en sus contactos con banqueros y empresarios.
Marchena ve motivos para que Garzón se siente en el banquillo también por este tercer proceso abierto contra él en el Tribunal Supremo. Por ello, habilita un plazo de 10 días para que el fiscal y la acusación popular -ejercida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea- presenten, en su caso escritos de acusación e insten la apertura del juicio oral.
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