El ministro Alberto Ruiz-Gallardón rizó ayer el rizo como veterano verso suelto del PP al extremo de generar el «asombro» y la incomodidad manifiesta de los suyos, tanto en la dirección del partido como en el Gobierno del que forma parte. «Personalmente no aprecio causa de inconstitucionalidad». Fue la frase que ayer pronunció el ahora titular de Justicia sobre la ley del matrimonio homosexual recurrida por su formación política ante el Tribunal Constitucional.
De poco le sirvió al ministro matizar a continuación que su afirmación, era más que nada, un «pronóstico» acerca de la sentencia del alto tribunal. O que asumiera la posición oficial de su partido, esto es, que el Gobierno aguarda a lo que resuelva el TC, «que nos marcará la pauta legislativa». Y es que las declaraciones del ministro más popular del Gobierno según el CIS, que no por casualidad se produjeron en la Ser, parecían dedicadas a contentar a la opinión pública progresista, al poco de haberse reconciliado con sus viejos detractores de la derecha mediática gracias a su contrarreforma judicial. Al menos, así fueron recibidas en los mentideros del PP, que pese a reconocer su coherencia personal, le criticaron su oportunismo y, en todo caso, su falta de responsabilidad política.
El notorio desmarque del ministro se convirtió -reformas legislativas al margen- en el toro más bravo que ayer le tocó lidiar al Ejecutivo. La más expresiva fue la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, que declinó comentar estas declaraciones en los pasillos del Senado, hasta en tres ocasiones, y con gestos tan ostensibles como abandonar el corrillo de periodistas.
El más contundente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que en los mismos pasillos de la Cámara Alta vino a reconvenir a Gallardón: «Si no hubiéramos pensado que era inconstitucional no habríamos votado en contra, no habríamos presentado enmienda de totalidad y no habríamos presentado un recurso de inconstitucionalidad». Eso sí, desde la posición más antagónica a su colega de Gobierno, el titular de Interior repitió que el Ejecutivo popular está «a la espera» de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.
El más molesto, a la vez que discreto, un miembro del comité de dirección del partido, aseguró: «No tiene sentido que un ministro de Justicia se desmarque del recurso interpuesto por su propia formación pero, además, yo no recuerdo que Gallardón pusiera nunca ninguna pega al recurso en las reuniones de maitines».
En medio de estas reacciones, los demás dirigentes del PP capearon como pudieron un temporal que fue creciendo a medida que avanzaba la jornada. Así, el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, declinó hacer explícita de nuevo su opinión en favor del matrimonio homosexual, como cuando era alcalde de Vitoria, y fue el primer encargado de corregir a Gallardón: «El partido tomó una decisión en su día que yo respeto y planteó la duda legítima y legal de si esta reforma se ajustaba al contenido de la Constitución o no, y la posición oficial, real, del partido es esperar al Tribunal Constitucional, a que resuelva». Eso sí, preguntado al efecto, Alonso dijo que su opinión personal no ha cambiado.
En cuanto a los ministros, José Manuel Soria y Ana Pastor transitaron por el mismo camino. La ministra de Sanidad vino a justificar al de Justicia al afirmar que «cada uno es libre para dar su propia opinión» y que la suya había sido «personal», dejando claro en todo caso que la posición del Gobierno «no cambia».
Por su parte, el titular de Industria se negó a agrandar la brecha abierta en el Gobierno: «Yo con quien estoy de acuerdo es con la posición de que el Tribunal Constitucional sea el que establezca la doctrina sobre este asunto», declaró.
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