Don Juan Carlos, la vuelta

El alejamiento indefinido del Rey emérito es una anormalidad, y conviene establecer que la vuelta a España esté fuera de toda duda y se produzca con cierta celeridad

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La Fiscalía confirmó ayer las informaciones avanzadas semanas atrás y archivó de modo definitivo todas las investigaciones abiertas a Don Juan Carlos al considerar que no hay ilícitos penales que obliguen a abrir una causa formal en el Tribunal Supremo. Asunto zanjado después de más de tres años de especulaciones. El archivo no sentará bien a quienes han hecho de la persecución de la Monarquía una obsesión y una estrategia política contra el régimen constitucional. Empezando por Podemos, con ataques a la Corona tan furibundos como injustificados, a veces incluso con el silencio cómplice del PSOE. Las diligencias abiertas por la Fiscalía contra Don Juan Carlos se han querido usar no ya contra él para desacreditarlo personalmente, sino como coartada para deteriorar a la Corona en general, y crear una atmósfera social de corte republicanista que hiciera inevitable un cambio de sistema en España y la desaparición de la Monarquía parlamentaria.

Algunos ministros de Podemos no pudieron ser más claros al respecto. Por suerte, han fracasado.

Siempre perseguirá a Don Juan Carlos una suerte de condena civil preventiva, por mucho que nunca vaya a existir ya una condena penal, porque su presunción de inocencia ha sido vulnerada de manera sistemática. Y si es el momento de recordar tanto la contribución inmensa de Don Juan Carlos a la democracia española, también lo es de reseñar la falta de ejemplaridad de una parte de su conducta, según hemos conocido, hasta el punto de que el Rey Don Felipe, su propio hijo, tomó decisiones drásticas respecto a su padre en marzo de 2020. Pese al archivo, es cierto que el escrito de la Fiscalía contiene duros reproches a Don Juan Carlos y recuerda que algunas de sus actividades, ya prescritas, no invalidan la ilegalidad que en su día tuvieron, aunque hoy ya no puedan ser castigadas.

Ahora, el devenir de los acontecimientos da pie al esperado retorno, bajo la fórmula que sea, ya que Don Juan Carlos, como un español más, tiene derecho a vivir donde quiera y como quiera, sin persecuciones de ningún tipo. Don Juan Carlos sabe que ese derecho debe cuadrar con sus intereses y necesidades personales, que él conoce mejor que nadie y que nadie más que él debe decidir, pero también deben ser necesariamente compatibles con los intereses y necesidades de la Corona, con la figura del Rey Don Felipe, y por supuesto con la menor afectación posible a la Monarquía como institución. El regreso a España de Don Juan Carlos ha de producirse antes o después y en las condiciones que menos perjuicios puedan causar a la Corona. Pero el alejamiento indefinido del Rey emérito es una anormalidad y conviene establecer que la vuelta a España está fuera de toda duda y debería producirse con cierta celeridad. Otra cosa es que el exjefe del Estado considere que no tenga que ser su lugar de residencia permanente. Es cierto que el ‘cómo’ se haga puede no resultar fácil y dar lugar a diversas manipulaciones políticas, pero es un tránsito, una cuenta pendiente que toca abordar. Don Juan Carlos se equivocó en algunas cosas. Bien, pero también acertó en muchas otras que han situado a España donde está, y nunca mereció esta suerte de destierro permanente al que muchos le habían condenado.