Poner al Barça y a su presidente en el sitio que merecen representaría un refuerzo moral para la competición.
EDITORIAL. EL MUNDO
La limpieza y la transparencia en el fútbol español están desde ayer oficialmente bajo sospecha. Todas las decisiones arbitrales que afectan al Barça al menos desde 2001 y hasta 2018, periodo en el que el club catalán ganó nueve ligas y seis copas, deben ponerse en entredicho. Y ya no sólo porque lo sostengan informaciones periodísticas: la Fiscalía denunció por fin a la entidad azulgrana con un durísimo escrito que tiene que representar un antes y un después para las instituciones que velan por la competición, si es que quieren mantener su prestigio y su pátina de profesionalidad y ética deportiva. El Ministerio Público constata un «acuerdo verbal y estrictamente confidencial» de los sucesivos presidentes del club, que pagaron 7,3 millones de euros al número dos de los árbitros, José María Enríquez Negreira, para que éste, «a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase y así en los resultados de las competiciones». La vergüenza es insoportable.
Cualquier decisión que no represente una reacción inmediata al relato de los fiscales conducirá a un deterioro imparable que provocará una desconexión emocional inevitable de los aficionados. Y en sentido opuesto, poner al Barça y a su actual presidente en su sitio, con toda la contundencia que merecen, servirá como refuerzo moral y relanzamiento. ¿Pueden LaLiga, la Federación y la UEFA aceptar en sus competiciones a un club investigado en sede judicial con pruebas incontestables por comprar a los árbitros durante 18 años? ¿Es sostenible que su presidente, Joan Laporta, que participó de manera muy destacada en comportamientos tan reprobables, siga en su puesto? La respuesta a estas preguntas nos dará la medida de la exigencia ética del deporte español y europeo. La denuncia se limita a Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por motivos de prescripción, pero su texto deja claro que las conductas perseguidas incluyen el primer periodo de Laporta, durante el que se elevaron los pagos a Enríquez Negreira.
Este imperativo también concierne al Real Madrid, la única entidad que no se adhirió a la repulsa expresada por los equipos de LaLiga, posiblemente por un exceso de prudencia. Pero llegó la hora: la grandeza del club blanco, su relevancia social y su probable condición de principal perjudicado por esas decisiones arbitrales bajo sospecha hacen por fin ineludible un pronunciamiento que impida que nadie pueda convertirlo en cómplice del victimismo del Barça.
EL MUNDO está orgulloso de haber contribuido con sus exclusivas, que la Fiscalía incorpora, al esclarecimiento de los hechos. El fútbol es más que un negocio. Es un deporte de extraordinaria raigambre social que proyecta valores y en el que los clubes, como el resto de actores de la esfera pública, están obligados a cumplir con criterios de rectitud. No cabe impunidad para los tramposos.
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