Lo que dice el texto que precede a los acuerdos suscritos el pasado jueves por el PSOE y Junts es falso, como enseguida demostraré. Pero hay una diferencia esencial entre los firmantes. Los de Puigdemont se lo creen porque repiten lo que han dicho siempre, en la salud y en la enfermedad. En cambio, los de Sánchez no se lo creen porque dicen lo contrario de lo que venían diciendo hasta que necesitaron los siete votos de la investidura. Por lo tanto, estamos ante un pacto entre un partido que falsifica la historia por mor de una fantasía identitaria y un partido que engaña deliberadamente para permanecer en el poder.
Pedro J. RAMÍREZ. Copyright-2023
Lo que dice el texto que precede a los acuerdos suscritos el pasado jueves por el PSOE y Junts es falso, como enseguida demostraré. Pero hay una diferencia esencial entre los firmantes. Los de Puigdemont se lo creen porque repiten lo que han dicho siempre, en la salud y en la enfermedad. En cambio, los de Sánchez no se lo creen porque dicen lo contrario de lo que venían diciendo hasta que necesitaron los siete votos de la investidura. Por lo tanto, estamos ante un pacto entre un partido que falsifica la historia por mor de una fantasía identitaria y un partido que engaña deliberadamente para permanecer en el poder.
Un partido que, según Page, acaba de «firmar una mentira». Por eso Junts seguirá siendo siempre lo que es y el PSOE pagará muy cara esta abdicación de sus principios en flagrante perjuicio de los intereses generales.
Es una grave falsedad que «Catalunya (sic) sea la única comunidad autónoma con un Estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía». Todas y cada una de las palabras que figuran en sus 223 artículos, 15 disposiciones adicionales, dos transitorias y cuatro finales fueron votadas y aprobadas en el referéndum del 18 de junio de 2006, si bien es verdad que con la participación de sólo un 48,85% de los catalanes.
Lo que sí es cierto es que algunos segmentos de 14 de dichos artículos, a veces un par de vocablos, fueron suprimidos por el Tribunal Constitucional cuando cuatro años después estimó una pequeña parte del recurso presentado por el PP. Pero el PSOE y especialmente el entonces presidente Zapatero parecen haberse olvidado ahora de las muestras de entusiasmo con que acogieron aquella sentencia.
El martes 29 de junio de 2010, apenas conocido el fallo del Alto Tribunal, la vicepresidenta Fernández de la Vega reaccionó eufórica al constatar «la derrota en toda regla» del recurso de inconstitucionalidad del PP. Y, para que se terminara de entender la valoración del Gobierno, el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, la vinculó al Mundial de Sudáfrica en el que España acababa de clasificarse para los cuartos de final: «Ahora que estamos con esto del fútbol, si lo tradujéramos al resultado de un partido sería de 290 frente a uno».
«A Zapatero le preguntaron por el Estatut y su respuesta literal fue: ‘Conseguido el objetivo’, ‘El fin de todo un proceso'»
Más precisa fue la declaración que el jueves 1 de julio hizo el propio Zapatero al comparecer en la Moncloa en rueda de prensa junto a Tony Blair. El ex primer ministro británico le había visitado en calidad de Embajador Especial del Cuarteto para Oriente Medio -Estados Unidos, la UE, China y Rusia-, trasladándole su optimismo, lo que son las cosas, sobre la consecución de un alto el fuego en Gaza.
Pero a Zapatero le preguntaron por el Estatut y su respuesta literal fue la siguiente: «Conseguido el objetivo. Cuando se serenen las aguas y pasen los días, se verá que este es el fin de todo un proceso de descentralización política dentro de la España constitucional».
Sí, sí: «Conseguido el objetivo». Al menos el suyo. Sí, sí: «El fin de todo un proceso». No se froten los ojos, eso es lo que dijo.
¿Cómo se compadece tan taxativa declaración, más que de conformidad de regocijo, con los ditirambos que el expresidente dedica ahora a un acuerdo que dinamita los fundamentos, avales y restricciones de aquella sentencia?
A la espera de esa explicación que el rigor intelectual le exige, aventuraré que Zapatero celebró con castañuelas aquella sentencia adoptada por 6-4 porque, en contra de lo que se sugiere hoy, no fue fruto de una mayoría conservadora en el tribunal sino del pacto de cinco jueces progresistas (María Emilia Casas, Manuel Aragón, Pascual Sala, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay) que lograron arrastrar a sus tesis al vicepresidente Guillermo Jiménez, promovido por el PP.
De hecho, los magistrados derrotados proponían en sus votos particulares una poda bastante más drástica: Rodríguez Arribas veía motivos de inconstitucionalidad en otros 27 artículos, Vicente Conde y Javier Delgado en 67 más y Rodríguez-Zapata en hasta 106 más. Hoy serían reos de «lawfare«.
Tal vez por eso, porque el bando conservador había sido doblegado, el tanto entonces como ahora órgano oficioso del gobierno socialista tituló, a modo de resumen: «El Constitucional aprueba un recorte moderado que permite aplicar el Estatuto».
¡Qué más desearíamos todos en la vida que la «aprobación» y «aplicación» de nuestras pretensiones con un «recorte moderado»!
A partir de este fruto del árbol prohibido que es el pecado original de la mentira, todo el relato que bajo el epígrafe «Antecedentes» suscribe el PSOE es una sucesión de embustes mal encadenados. Por activa y por pasiva.
Así cuando dice que «lamentablemente ninguna de las propuestas del Parlament o el Govern… de delegación de la competencia para la autorización de referendos… fue considerada» y omite que el PSOE votó, como el PP, en contra de tal solicitud.
Así cuando, tras dar por buena la «participación masiva en favor de la independencia de Catalunya (sic)» en el «referéndum» del 1-O y alegar que «el intento del Gobierno de impedirlo dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos», añade sin solución de continuidad: «Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE».
Lástima que de ese «todo ello» hayan desaparecido las leyes de desconexión, las agresiones de toda índole a las fuerzas de orden público trasladadas a Barcelona, el asedio a la consejería de Economía, los disturbios y cortes de vías o -pequeño detalle- la Declaración Unilateral de Independencia.
«¿Qué indicios existen ahora de que Sánchez no vaya a ceder de nuevo cuando vuelva a tener que comprar sus votos?»
Similar escamoteo se produce en la frase siguiente, cuando se establece que «a raíz de lo acontecido se iniciaron múltiples causas judiciales», sin explicar qué fue «lo acontecido», ni menos aun mencionar su reiterado carácter delictivo.
No deja de resultar lógico que de estos «antecedentes» se deduzcan consecuentes tales como la negociación sobre «un referéndum de autodeterminación» o sobre «la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya (sic)» y una amnistía con persecución de jueces incorporada.
Es cierto que, en lo que se refiere a la negociación ya en marcha, esos no son sino los objetivos máximos de los separatistas. Pero, si en el pasado no se conformaron ni con el «recorte moderado» del Estatuto que «vino de Cataluña», ni con los indultos, ni con la supresión de la sedición, ni con el recorte de la malversación, ¿qué indicios existen de que ahora se vayan a conformar con menos y de que Sánchez no vaya a ceder de nuevo cuando vuelva a tener que comprar sus votos?
Supongo, en modo irónico, que siempre nos quedará la rectitud, sensatez y ecuanimidad del verificador internacional que mes tras mes, en las reuniones que se celebrarán en la neutral Suiza o algún otro confín extranjero, velará por la dignidad e integridad territorial de nuestro Estado bananero.
Perdón, retiro lo de bananero que es un adjetivo y lo sustituyo por algo peor en su sustantiva precisión. Me refiero a un Estado obligado a seguir en vilo lo que, en negociaciones secretas, fuera del territorio nacional, se mercadee sobre su soberanía y régimen fiscal.
Hay que reconocer que todo esto es un futurible y que tampoco cabe descartar como hipótesis, siquiera remota, que Sánchez entretenga a los separatistas y al verificador durante un año y medio con el juego de las tres mesas, avive las disensiones entre Esquerra y Junts, facilite la fragmentación que supondrá la “cuarta lista” indepe, narcotice al constitucionalismo catalán, logre colocar a Illa al frente de la Generalitat, deje en evidencia la poca fe de Ortega y Azaña en la izquierda progresista, proclame haber solucionado un conflicto secular, declare resuelto el encaje de Cataluña en España y pueda elegir entre ascender a los altares europeos o alcanzar la condición de héroe nacional e igualar, o por qué no superar, los trece años y pico de mandato de Felipe González. La apoteosis, en suma, de un hombre para la eternidad.
Ocurra esto, lo contrario o algo en la zona gris de la erosión progresiva del régimen constitucional, Monarquía incluida, la certidumbre con la que tendremos que convivir desde esta próxima semana es la Ley de Amnistía. Eso no tiene vuelta de hoja.
El documento suscrito en Bruselas la anuncia y promueve, ya con mayúsculas, “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”. ¡Oh, lengua de madera!
“El partido de la Memoria Histórica está estimulando indirectamente el quebrantamiento de las leyes y la percepción del relativismo de los delitos”
¿Nos está diciendo el PSOE que sin Ley de Amnistía no hay «plena normalidad», ni se pueden «abordar los retos del futuro»? Eso es lo que pone.
Después añade que «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos -curiosa dicotomía- que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».
«Eventos», dice. Como si las leyes de desconexión hubieran sido parte de un simposio, el repertorio terrorista de los CDR una feria de muestras y la DUI una performance. Sí, sí… «eventos». «Eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa», según un tal Juan de Mairena, alias Antonio Machado.
Y yo vuelvo a preguntar: ¿tendrán ese mismo trato desigual respecto a cualquier otro presunto delincuente de guante blanco o negro quienes estos días protesten violentamente por la concesión de la amnistía a quienes protestaron violentamente contra la sentencia del Tribunal Supremo?.
¿Y serán amnistiados también los dirigentes políticos que en el futuro recurran a medios delictivos para tratar de subvertir el nuevo orden jurídico surgido de estos pactos entre Sánchez y quienes emplearon medios delictivos para subvertir el orden jurídico fruto de los pactos del 78?
No me extrañaría que en la calle Bambú hubiera ya algún iluminado frotándose las manos. Sólo podría negárseles la misma impunidad si la delincuencia al servicio de la destrucción de la unidad de España tuviera un plus de protección respecto a la delincuencia al servicio de la preservación de la unidad de España.
¿Es consciente el hasta hoy partido de la Memoria Histórica del estímulo al quebrantamiento de las leyes, de la percepción del relativismo de los delitos y las penas que está introduciendo en nuestra fábrica social, al transformarse ocasionalmente en el partido de la Amnesia Histórica para conseguir permanecer en el poder?
Pronto comprobará lo difícil que es volver a encerrar el genio de la inseguridad jurídica en la botella que tan alegremente ha descorchado.
Cuando escribo este sábado, queda la incógnita de si la Ley de Amnistía incluirá la posibilidad expresa de que las Comisiones de Investigación del Congreso puedan determinar la existencia de «situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad».
Eso es lo que dice el acuerdo. Si la propia Ley lo recogiera así, la aclaración del PSOE de que «el parlamento no fiscalizará a los jueces» tendría la misma credibilidad que todos sus compromisos anteriores y cimentaría el frente de rechazo del que hoy forman parte todos los estamentos del Derecho.
Ni siquiera Gallardón, con su contestada Ley de Tasas, logró poner tan de acuerdo a todas las asociaciones judiciales y fiscales, a los decanos de los juzgados, a los abogados del Estado, a los colegios de abogados y al CGPJ. Todos denuncian que Sánchez está quebrando los pilares básicos de la igualdad de los españoles ante la ley.
Pero eso mismo dicen también, cada cuál desde su ámbito, los policías, guardias civiles, diplomáticos, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, maquinistas de RENFE o técnicos de Adif. Y, por supuesto, las decenas de miles de personas que protagonizan los censurables escraches ante la sede de Ferraz y los cientos de miles, camino de ser millones, que democrática y pacíficamente inundan las calles y plazas para mostrar su indignación.
No está mal este primer balance de la «plena normalidad social» que pretende impulsar la Ley de Amnistía.
El 10 de marzo de 1840 Modesto Lafuente publicó en su Fray Gerundio, la más famosa de sus «capilladas», género editorial equivalente a nuestro Rugido del León. Se titulaba «Las tragaderas» y describía la facilidad con que los diputados afines al Gobierno del moderado Pérez de Castro daban por buenas muchas actas electorales provinciales que sabían que eran fraudulentas. Sus palabras describen a la perfección lo que harán ahora los diputados socialistas con la investidura, la amnistía y demás leyes pactadas con sus socios:
«¡Alabado sea Dios, qué fauces tan holgadas deben ser las suyas! Para ellos no hay espinas ni huesos en las actas, todo es carne mollar. Vedles, hermanos míos, ved como abren las mandíbulas. Como piedras de molino son algunas de las actas que los pueblos les han dado a tragar».
«Imposible os parecerá que entren por unas bocas, que si bien no pequeñas, no demuestran tener el ámbito suficiente para darles cabida y hospedaje. Sin embargo, ellos se las tragan sin dificultad. El cómo lo hacen, yo no lo sabré decir, pero el hecho es que se las tragan como ruedas de molino. Algunas después de una pequeña masticación, otras enteras y como quien se engulle una cucharada de cuajadillas frescas».
Con el BOE a su servicio, Sánchez dispone de suficientes «cuajadillas frescas» para alimentar a sus 121 Patxis Sí Señor, felices con la servidumbre voluntaria de la sujeción al mandato imperativo del Partido -para ellos siempre con mayúscula- que la Constitución prohíbe. También para satisfacer la voracidad de esos socios con los que ha firmado acuerdos e incluso le queda algún pingajillo de res para que Coalición Canaria vuelva a emular a la formación bisagra de Moshe Dayan, conocida en la Knesset como «el partido prostituta».
Yo de mayor quiero ser como Coalición Canaria: estar contra la amnistía, alquilarse para la investidura que la lleva anexa y poder dormir cada noche a pierna suelta.
Sánchez controla además resortes decisivos en los que sus peones y alfiles se sientan a la mesa alimentados de antemano. Es el caso de los siete magistrados del Tribunal Constitucional que, al tragar incluso con el impuesto de las grandes fortunas que invade competencias autonómicas y pulveriza la seguridad jurídica, ya nos han anunciado que la Ley de Amnistía pasará por sus laringes con la aterciopelada ductilidad de una crema de zanahoria.
También es el caso de los medios públicos y concertados, cuyas enormes deudas sufraga el Gobierno por caminos directos e indirectos. O el del sicariato tertuliante. O el del CIS de Tezanos, cuyos desmanes demoscópicos también habrá que amnistiar un día. O el de las delegaciones del Gobierno que inflan y desinflan las cifras de manifestantes, según la conveniencia, prohibiendo su tabulación independiente mediante dispositivos aéreos.
«Hay más de 3 millones de votantes del PSOE, más de 17 de todos los partidos y más de 30 milllones de españoles que no tragan con la amnistía»
Pero a la vez sabemos que hay un presidente autonómico del PSOE que no traga, que hay decenas de dirigentes históricos del PSOE que no tragan, que hay más de 13.000 militantes del PSOE que no tragan, que hay más de tres millones de votantes del PSOE que no tragan, que hay más de 17 millones de votantes de todos los partidos que no tragan y que hay más de 30 milllones de españoles, menores y absentistas incluidos, que no tragan.
Y quien ponga en duda estas cifras, que promueva un referéndum sobre la amnistía como el que propone Jordi Sevilla, exministro de Zapatero.
Por tercera vez en la historia de la democracia, estamos ante una encrucijada moral que nos concierne y nos retrata a todos. ¿Estuviste a favor o en contra del terrorismo de Estado, bajo la coartada de la lucha contra ETA? ¿Estuviste a favor o en contra de la invasión de Irak, bajo la coartada de las armas de destrucción masiva? ¿Estás a favor o en contra de la amnistía, bajo la coartada de cerrar el paso a la ultraderecha?
Sánchez está venciendo, pero no nos está convenciendo. España no va a comulgar con su rueda de molino y él va a necesitar un alpartaz muchísimo más tupido y consistente de los que hasta ahora exhibe, si pretende llevar a cabo el proyecto político más impopular de nuestra historia democrática.
No estaría de más que recordara que el «régimen de las tragaderas» cayó seis meses después de aquella «capillada» de Fray Gerundio, de resultas de la movilización popular contra la reaccionaria Ley de Ayuntamientos.
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