«La crisis sin precedentes abierta en el seno del Constitucional tras la dimisión de tres de sus magistrados ha puesto de nuevo en evidencia los problemas que el alto tribunal arrastra desde hace ya demasiado tiempo. Un órgano que es esencial para el funcionamiento óptimo de nuestra democracia ha sido malbaratado por la ambición de los principales partidos políticos, que…».
EDITORIAL. LD Copyright-2011
La crisis sin precedentes abierta en el seno del Constitucional tras la dimisión de tres de sus magistrados ha puesto de nuevo en evidencia los problemas que el alto tribunal arrastra desde hace ya demasiado tiempo. Un órgano que es esencial para el funcionamiento óptimo de nuestra democracia ha sido malbaratado por la ambición de los principales partidos políticos, que, no contentos con disfrutar de un poder casi omnímodo en sus áreas naturales de influencia, han tomado al asalto el poder judicial transformándolo en una extremidad más del legislativo.
Y esto sale ya del terreno opinativo y entra en el de las declaraciones de destacados miembros del Tribunal. El recién dimitido vicepresidente, Eugeni Gay elegido a propuesta del PSOE, ha fundamentado su decisión arguyendo que «tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado»; él, quien hace pocas semanas permitió que los auténticos secuestradores de la ETA accedieran a las instituciones a través de Bildu. Con todo, sin pretenderlo, Gay ha hecho la mejor definición posible para el Constitucional, un tribunal efectivamente secuestrado por los intereses políticos y puesto al servicio del partido gobernante, que es quien se reserva la prerrogativa de elegir un mayor número de magistrados.
Por lo tanto, puestos ante la cruda realidad de un tribunal que se cae a pedazos, sólo caben tres posibilidades que expliquen la espantada de Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado Barrios. La primera y quizá más obvia es acabar con la provisionalidad de los magistrados, que están pendientes de renovación desde hace ocho meses sin que el Congreso de los Diputados se decida a confirmar las plazas. La segunda tiene que ver con la reciente legalización de Bildu, la coalición proetarra que se ha hecho con casi un centenar de ayuntamientos gracias a una sentencia del Constitucional dictada dos semanas antes de las elecciones. La tercera está relacionada con la anterior. Dentro de dos días el Tribunal deberá resolver el recurso que presentaron los abogados de Sortu, predecesora de Bildu, contra la sentencia que ilegalizaba la formación y la dimisión constituiría una forma de inhibirse.
Ya sea uno u otro, todos coinciden en un denominador común: la politización, algo que la sociedad española viene denunciando desde el mismo asalto del felipismo contra el tribunal hace un cuarto de siglo. Que esta crisis sirva al menos para que se agiten algunas conciencias y busquen la solución: llegados a este punto, lo mejor sería empezar desde cero con la institución.
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